La sentencia, contra la que sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero no de apelación ante el TSJ CLM, da la razón a CCOO, anula las resoluciones en contra emitidas por la Junta de Comunidades y subraya que, en todo el procedimiento emprendido por la mujer, “no se están reclamando cantidades por guardias realizadas. Se está pidiendo la efectividad del derecho a la no discriminación por razón de sexo”, explica este sindicato en un comunicado.
Según éste, así lo reclamó desde el principio la agente medioambiental, a la que en el verano de 2017 “se le adaptó el puesto de trabajo a su situación de gestación; eximiéndola entre otras cuestiones de las guardias para prevención de incendios.”
Según el relato de CC.OO., al verse excluida de las guardias, cuya realización conlleva la correspondiente contraprestación dineraria, la funcionaría advirtió a la consejería de Agricultura que no podía menoscabar sus percepciones económicas por el hecho de estar embarazada; y pidió ser indemnizada para no ver vulnerado su derecho a la igualdad y el principio de no discriminación.
Realizar la guardia
La Administración rechazó sus recursos de reposición y de alzada argumentando que para el devengo de las guardias “se requiere su realización”, y sosteniendo también en el procedimiento judicial que, como la agente medioambiental no las hizo, “no es acreedora de las mismas.”
El juez rechaza el razonamiento de la Junta, recalca que las guardias “no es que no se hayan realizado, sino que no han podido ser realizadas por causa del propio embarazo” y recuerda que “los tratos desfavorables en el trabajo basados en el embarazo, al afectar exclusivamente a la mujer, constituyen una discriminación por razón de sexo proscrita por el art 14 CE”, explica la nota.
Artículos 1 y 9 de la Constitución
El magistrado entiende que el caso juzgado afecta también a los artículos 1 y 9 de la Constitución y recoge asimismo en los fundamentos de derecho de la sentencia tanto referencias a la Directiva 92/85/CEE como a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo artículo 8 establece que “constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.”
Aporta además las ya numerosas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional; que vienen remarcando que “el embarazo, en tanto que hecho biológico incontrovertible, incide de forma exclusiva sobre las mujeres”, por lo que “la minusvaloración o el perjuicio causado por el embarazo constituye un supuesto de discriminación por razón de sexo”.
En consecuencia, el magistrado concluye que el embarazo de la agente medioambiental “no puede suponer merma de tipo alguno en los derechos de la demandante, debe ser protegido en toda su extensión y garantizar no solo las retribuciones devengadas, sino las que no han podido devengarse (…) pues es una consecuencia no del servicio extraordinario sino de derecho a la igualdad y no discriminación de quien, por causa de ese embarazo, no pudo prestarlo; siendo que la reclamación no tiene por objeto retribuir un servicio que evidentemente no se presta, sino garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de la trabajadora embarazada de conformidad al art. 1.1 y 14 CE y siendo la forma obligada de interpretar la cuestión desde una perspectiva global e integradora del art 4 LO 3/2007”
Cerca de 2.000 euros
El juez cifra en 1.883,64 euros la cantidad que el Gobierno regional deberá abonar a la funcionaria, pero recalca que con esta cifra -la cuantía media percibida por los agentes medioambientales compañeros de la demandante- solo se está “cuantificando el derecho a la igualdad”, que “de manera legítima y derivada de la condición del embarazo” reclamaba la agente medioambiental.
Valoración
CCOO, por su parte, valora muy positivamente esta sentencia, aunque lamenta que “hayamos tenido que llegar a ella porque la Consejería de Agricultura, de la que en aquel momento dependía el colectivo de agentes medioambientales, desaprovechó las varias oportunidades que tuvo en vía administrativa para asumir la protección de la funcionaria embarazada”.
“Esperamos -sostiene el sindicato- que con la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible podamos solucionar los problemas de Igualdad, de no discriminación, de conciliación, las diferencias de interpretación… dialogando y negociando, sin necesidad de acudir a los tribunales”, apunta Ramón González, coordinador del Sector Autonómico de CCOO-FSC CLM.
“Todo el Gobierno de CLM ha de tener en cuenta en lo sucesivo esta sentencia y sus fundamentos de derechos”, apunta la coordinadora del Área Pública de CCOO CLM, Mercedes Gómez. “Recientemente cuestionamos una incorrecta aplicación normativa a las docentes interinas embarazadas por parte de la consejería de Educación, que ya ha corregido. Como señala la sentencia, la discriminación ‘no necesariamente exige un componente subjetivo tendente a dicha discriminación. Puede derivarse de situaciones objetivas sin dolo ni culpa; y, aun así, pueden darse y deben removerse’”, señala Gómez.
“Por ello, instamos al Gobierno regional en su conjunto a extremar siempre, en todos sus actos y decisiones la consideración hacia la Mujer, hacia las empleadas públicas de la Administración autonómica; en especial en tanto gestantes, lactantes y madres; para evitar en incurrir en el seno de la JCCM en cualquiera de las múltiples formas de discriminación que aún sufren las mujeres.”
Aplicable también a los empresarios privados
Por su parte, la secretaria de Mujer de CCOO CLM, Rosario Martínez, advierte en la misma nota que “estas mismas consideraciones y exigencias en relación con el respeto a la Igualdad y al principio de no discriminación les son también íntegramente aplicables a los empresarios privados; porque, tal y como subraya la propia sentencia citando al Tribunal Constitucional, ‘en el ámbito estricto del desarrollo y vicisitudes de la relación laboral, la protección de la mujer no se limita a la de su condición biológica durante el embarazo y después de este; sino que también condiciona las potestades organizativas y disciplinarias del empresario (…) al quedar prohibido cualquier perjuicio que se derive de aquel estado.’
