La secretaria general de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos FeSP UGT CLM, Carmen Campoy, se ha mostrado confiada en que la recuperación de las 35 horas semanales para los 70.000 empleados públicos del Gobierno de Castilla-La Mancha “no planteará problemas” y se producirá una vez que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.
Según ha informado en nota de prensa el sindicato, Carmen Campoy ha ofrecido junto al secretario general de FeSP UGT, Julio Lacuerda, en una rueda de prensa para explicar el alcance del segundo ‘Acuerdo 2018-2020 para la Mejora del Empleo Público y de las condiciones de trabajo en España’, firmado el pasado mes de marzo con el anterior Gobierno del PP. En este marco ha explicado que el sindicato ya ha abordado la recuperación de dicha jornada, recurrida en el caso de Castilla-La Mancha por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, con el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Sobre el proceso de consolidación de empleados públicos indefinidos no fijos, Carmen Campoy ha subrayado que los servicios jurídicos de FeSP UGT CLM han elaborado un informe sobre el colectivo en Castilla-La Mancha, que como en el resto de España, “ha sido engañado” con falsas esperanzas de conseguir por la vía judicial consolidar su situación, pero “la única solución es que se convoque un proceso de concurso-oposición y que se realice lo antes posible”, ha insistido Carmen Campoy.
Por su parte Julio Lacuerda ha explicado que con el ‘II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de las condiciones de trabajo’ la jornada de 35 horas se convierte en un elemento diferenciador de lo que ocurría hasta ahora, declarando una “jornada máxima” para los empleados públicos que luego podrá matizarse en cada administración en los procesos de negociación colectiva.
El responsable de FeSP UGT ha añadido que el Acuerdo “va a permitir reducir la temporalidad del empleo público en el país en un 8%”, y que además va a contribuir a la creación de empleo, ya que devuelve la “capacidad de autoiniciativa de las plantillas a cada administración pública”, después de que haya sido “centralizada” por el Gobierno central durante los años de crisis.
Según Lapuerta, dicho cuerdo también va a hacer posible “la recuperación de derechos de los empleados públicos”, que les habían sido arrebatados durante años, como se recordará en las decisiones del Consejo de Ministros en los llamados “viernes negros”, y que ahora el Acuerdo devuelve, al restituir el plano competencial de plantillas a cada Administración pública.
“También va a suponer una recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos durante los últimos años, que se cifra entre un 17 y un 18%, y que actualmente la masa salarial se sitúa a niveles de 2007”, ha defendido el responsable de UGT.
Dicho esto, ha explicado que la recuperación de salarios se hará mediante un incremento fijo y otro variable, que oscilará entre el 3,4 y el 5,29% en tres años, en función de la evolución de la economía y de la situación de cada administración pública y de cada servicio público, uno de los grandes aciertos de este Acuerdo.
“Este acuerdo marca un cambio de tendencia para los próximos tres años, en los que podrá tener lugar una negociación colectiva normalizada, para poder hablar después de modernización, de refuerzo y de mejora de la calidad de los Servicios Públicos”, ha concluido el secretario general de FeSP UGT.
