El Gobierno ha pedido al Congreso habilitar el mes de enero para poder avanzar en la tramitación parlamentaria de la Ley de Vivienda y una reforma judicial donde el PSOE quiere incluir un cambio legal para acelerar el desalojo de ‘okupas’ en casos de allanamiento de morada.
El proyecto de Ley de Vivienda llevaba meses encallado en el Congreso porque, tras salir del Consejo de Ministros con un aparente acuerdo entre los socios de coalición, fue objeto de enmiendas por parte de Unidas Podemos insistiendo en poner tope al precio de los alquileres.
En concreto, el proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de este año, y el 10 de marzo inició su andadura en el Congreso tras salvar el Gobierno las cinco enmienda de totalidad presentadas al texto por Cs, ERC, PNV, Junts y PDeCAT.
A finales de abril los grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas parciales –un total de 866, de las que 60 llevan la firma de Unidas Podemos, mientras que el PSOE no registró ninguna–, pero la ponencia no llegó siquiera a constituirse dadas las evidentes discrepancias entre los dos partidos que integran el Gobierno de coalición.
La otra norma que el Gobierno pide acelerar es la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa de la Justicia, donde el PSOE quiere introducir una reforma puntual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente: que los jueces puedan ordenar la salida de los okupas en 48 horas y que los jurados populares dejen de ocuparse de los casos de allanamiento de morada.
Aquellas enmiendas, defendidas públicamente por Patxi López, fueron muy criticadas por Unidas Podemos, que acusó a los socialistas de estar “descentrados” y les recordó que “no gobiernan con el PP”. Pero el PSOE continuó adelante y, en la ponencia de la Comisión de Justicia, mantuvo sus enmiendas ofreciendo sumarse al PDeCAT, que también presentaba una propuesta sobre este asunto, y a otros grupos buscando que incluir el cambio legal en la citada ley orgánica.
TRAS LAS NUEVAS MEDIDAS SOBRE VIVIENDA
El Consejo de Ministros de este martes, donde el PSOE y Unidas Podemos han pactado un nuevo paquete de medidas frente a la subida de los precios tras la guerra de Ucrania, parece haber desbloqueado las dos leyes.
Y es que en el nuevo decreto ley ya se establece una subida máxima del 2% de los alquileres hasta el 31 de diciembre de 2023 y la prórroga automática durante seis meses de los contratos que expiren antes del 30 de junio del próximo año. En este caso el límite de subida de la renta también será de un 2%.
Además, el nuevo paquete de medidas también incluye la prórroga por otros seis meses, hasta el 30 de junio de 2023, de la suspensión de los desahucios y los lanzamientos de vivienda para los hogares más vulnerables. Asimismo, prohíbe durante todo el 2023 del corte de suministros esenciales y extensión del bono social, y se mantiene el incremento del 15% del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas.
Nada más aprobarse estas medidas, el Gobierno ha comunicado al Congreso su petición para celebrar el mes de enero, que esta fuera de los periodos ordinarios de sesiones, todas las reuniones extraordinarias necesarias, sea en Comisión o en pleno, para tramitar y aprobar tanto la ley de Vivienda como la citada reforma judicial.
