Los negociadores del Parlamento Europeo y de los Veintisiete han acordado la reforma de las reglas sobre la eficiencia energética en el sector de la construcción de la Unión Europea que obligará a que a partir de 2030 todos los edificios de nueva construcción sean neutrales en emisiones contaminantes.
“Los edificios son responsables de más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea (…). Este es un gran paso hacia el objetivo de la Unión de alcanzar la neutralidad climática para 2050”, ha celebrado la vicepresidenta tercera del Gobierno responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en tanto que presidencia de turno del Consejo de la UE.
La reforma no sólo prevé que los nuevos edificios sean de cero emisiones en el horizonte de 2030 sino que dos décadas después, en 2050, lo sea la totalidad del parque inmobiliario de la Unión Europea.
Para ello, los Veintisiete y la Eurocámara han acordado una ‘hoja de ruta’ que obligará a los Estados miembro a contar con planes nacionales para reducir el uso de energía primaria de los edificios residenciales en un 16% a más tardar en 2030 y en un 20 o 22% para 2035.
Esta senda permitirá cierta “flexibilidad” a los gobiernos para adaptar los objetivos a circunstancias nacionales de modo que los países tengan libertad para elegir en qué parte del parque inmobiliario actuar y con qué medidas hacerlo. En todo caso, las medidas nacionales deberán garantizar que al menos el 55% de esa reducción se logra mediante la renovación de los edificios más viejos y menos eficientes.
En el caso de los edificios no residenciales, las nuevas reglas también introducen estándares mínimos de eficiencia energética que permitan renovar el 16% de los menos eficientes a más tardar en 2030 y del 26% para 2033.
Con todo, los países podrán eximir de esta obligación a determinadas categorías de construcción, como pueden ser edificios históricos protegidos o residencias vacacionales.
Se contará además con certificados de eficiencia energética (EPC) “mejorados” basado en un modelo armonizado con criterios comunes para toda la UE, con el objetivo de informar mejor a los ciudadanos y facilitar las decisiones financieras del bloque.
Además las medidas de financiación deberán incentivar y acompañar las renovaciones, con especial apoyo a los clientes más vulnerables y a los edificios con peor rendimiento energético, que son aquellos en donde se encuentran los hogares con mayor pobreza energética.
Los Estados miembro también tendrán que garantizar que existan salvaguarda para los inquilinos para ayudar a abordar el riesgo de desalojo de hogares vulnerables causado por aumentos desproporcionados de los alquileres después de una renovación.
