El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava impidió ayer las pretensiones del grupo municipal del Partido Popular de imponer un copago a los vecinos de Argamasilla de Calatrava que hubiera alcanzado hasta los 112.045 euros en total.
Según explica el portavoz del grupo socialista, “presentamos al Pleno varias mociones para rechazar los planes de la actual Diputación Provincial, en manos del PP, para cargar a nuestras arcas públicas varias partidas que nunca antes había pasado”.
Concretamente, incrementos en tasas como recogida de basuras por el Consorcio RSU en un valor de 60.000 euros más respecto al ejercicio pasado; del Plan Extraordinario de Obras, otros 40.000 euros; y de personal de apoyo para digitalización, 12.044 euros más.
“Y ante esta afrenta, que ya veremos en qué queda porque el rodillo de PP y Vox en la Diputación nos deja poco margen de maniobra a los consistorios, la señora Requena antepone los intereses de su partido y del señor Valverde a los de todos sus paisanos”.
Así se añade desde el equipo de Gobierno, cuyo integrantes dicen “no entender las razones por la cual el PP rabanero vota a favor de que los vecinos paguen los servicios que hasta hace seis meses recibían sin coste alguno”.
Tasa de basuras
En la moción sobre Residuos Sólidos Urbanos, el equipo de Gobierno recordaba que los anteriores responsables de la Diputación y de RSU “realizaron diversas gestiones siempre encaminadas a defender los intereses del Consorcio RSU y de los Ayuntamientos”.
Principalmente, “reducir el importe global a abonar, así como reuniones con empresas para valorizar el residuo y no tener que llevarlo al vertedero y por tanto reducir la cantidad de residuo y aminorar de esta manera la cuantía de la tasa”.
Algo que así procuró pese a entrar en vigor por ley y directiva europea un nuevo impuesto por “depósitos de residuos en vertederos” que ahora, PP y Vox, de cara a 2024, lo traslada “a los ayuntamientos para que estos la trasladen a los vecinos si así lo consideran”.
Cosa que por otro lado supone que cada ciudadano pague otros 10 euros más, cuantía que es “más de su coste real”, por lo que en la moción abordada por el plenario rabanero ayer tarde se califica como “algo totalmente improcedente en estos momentos dadas las dificultades” actuales de consistorios y vecinos.
En la moción se insta asimismo al Consorcio RSU a “acelerar los trámites para poner en funcionamiento los proyectos de reducción de residuos y generación de energía para conseguir que llegue la menor fracción posible a los depósitos de residuos en vertedero y por lo tanto se reduzca la cuantía abonar por este impuesto”.
Redes de abastecimiento de agua
En cuanto a la del Plan Extraordinario de Obras de la Diputación, el rechazo planteado por el equipo de Gobierno del Consistorio rabanero radica en el copago del 30% en las subvenciones para proyectos de renovación de redes de abastecimiento de agua potable.
Algo que a algunos consistorios “les puede suponer tener que renunciar a ella [la subvención] y por ende a las necesarias inversiones en estos pueblos que además son lógicamente los que más problemas tienen para acometerlas con su propio presupuesto”.
Por eso, en el texto también rechazado por los populares rabaneros, se abogaba por las “diferentes convocatorias de subvenciones y subvenciones nominativas de área de infraestructuras que ha permitido la realización de obras en todos los municipios de la provincia”, bajo el mandato del anterior presidente provincial, José Manuel Caballero.
Monitores Punto de Inclusión Digital
La tercera moción contra el incremento de costes a ayuntamientos de la provincia atañe a la contratación de monitores y dinamizadores de los Puntos de Inclusión Digital, actualmente desatendidos por decisión del PP y Vox al frente de la Corporación Provincial.
Y precisamente ante la falta de voluntad de ambos partidos por prorrogar los contratos existentes, “dejando en la estacada a muchas personas que están viendo como su contrato no se puede renovar al no existir una convocatoria que permita la continuidad del programa”, el equipo de Gobierno rabanero optó por no desatender a su ciudadanía.
“En la deslealtad de los actuales dirigentes de la Diputación, este Ayuntamiento ha asumido un coste que no debería correspondernos, pero entendemos que por encima de cuestiones económicas, ponemos a personas que requieren de atención de este servicio para cualquier gestión, sean solicitudes por desempleo o cualquier otra índole”.
Lo dicen desde el equipo de Gobierno significando que estos meses de otoño ha realizado un contrato a una monitora que se venía ocupando de los Puntos de Inclusión Digital, para así “poder dar el servicio que merecen nuestros ciudadanos y ciudadanas”.
En cualquier caso, con la moción ayer aprobada, se insta a no imponer use copago a los ayuntamientos “porque vamos a tener que rehacer partidas ya comprometidas para costear un servicio que en la gestión provincial del PSOE nunca tuvimos que asumir”.
