J. Y. / Ciudad Real
La dirección de Asaja Castilla-La Mancha solicitó este martes una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para iniciar una negociación que se cierre con la atención a sus revindicaciones, dado que desde que se inició la legislatura “tenemos una interlocución buena” con la Consejería de Agricultura, pero “con pocos resultados”. Así lo avanzó en Ciudad Real el secretario general de la organización agraria, José María Fresneda, que no descartó convocar “movilizaciones razonables y justificadas” si las administraciones no atienden demandas como la modificación del último borrador del Plan de Gestión de las zonas ZEPA que “supone limitaciones para los agricultores activos”, un PDR “menos político”, con más presupuesto y dirigido solo a profesionales, una normativa regional de trazabilidad para evitar malas prácticas en la comercialización de los productos agroganaderos, y una políticas hidráulicas respaldadas por “toda la sociedad” para 20 años que permitan alcanzar 500.000 hectáreas de regadío y usos de 1.500 hectómetros cúbicos.
La entrevista con el presidente autonómico fue uno de los acuerdos del Comité Ejecutivo Regional de Asaja celebrado en la capital, en el que diseñaron una plataforma de prioridades para “mejorar” el campo castellano-manchego.
Uno de los temas más acuciantes que propondrán a García-Page, con quien los líderes de Asaja no se han reunido desde que es presidente, es el agua, con el fin de obtener un compromiso que garantice la explotación en regadío de 500.000 hectáreas en la comunidad y usos de 1.500 hectómetros cúbicos dentro de un plan consensuado a nivel nacional para los próximos 20 años.
Reivindicó más infraestructuras y un nivel de cobertura de agua para riego como en Murcia, donde en los últimos 30 años “han hecho canalizaciones para agua superficiales, balsas, trasvases y obras que han traido industria y riqueza”, teniendo en cuenta que esta comunidad “tenía menos recursos hídricos que nosotros”. “Cómo lo hicieron, de dónde y cómo, se preguntó Fresneda, eso lo sabrán las administraciones”.
Por el contrario, en Castilla-La Mancha, con siete cuencas, ocupa el sexto lugar en infraestructuras, y “sólo nos han puesto limitaciones y restricciones”, señaló el secretario provincial de la organización, Florencio Rodríguez. “Hay que decir basta ya y hacer un plan en el que la gente se posicione porque los agricultores se han esforzado mucho y han sido los principales perjudicados, con precios para sus productos de hace 30 años”, apostilló.
Fresneda destacó el peso de Asaja en la Comunidad, con 42.000 afiliados, “y estamos inmersos en una problemática que tenemos que resolver con el Gobierno”, dado que “los temas son de calado extremo y dimensión” para el futuro de miles de familias. De lo contrario, advirtió, si no se resuelven sus demandas “recurriremos a las movilizaciones” en pocas semanas, que es el tiempo en que tardarán en resolverse las distintas prioridades.
En el caso de la modificación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 de Castilla-La Mancha, que en pocos días se enviará a Bruselas, aseguraron que “es político” y no recoge “ninguna de nuestras alegaciones” dirigidas, según dijeron, a reforzar la actividad de los agricultores profesionales. “Realmente atiende los intereses políticos, y el presupuesto se repartirá en muchas cosas que no tienen que ver con el desarrollo rural para tener contento a todo el mundo”, criticaron.
Otra de las reivindicaciones que pondrán encima de la mesa es la negociación del último borrador del Plan de Gestión de las zonas ZEPA, en la que según el secretario general de Asaja “se ha avanzado mucho, pero no losuficiente”, dado que, a su juicio, “hay muchas limitaciones al sistema productivo de Castilla-La Mancha”, con medidas “a las que tajantemente diremos no y no aceptaremos”. De hecho, si no se modifica el plan, votarán en contra de la propuesta, avanzó, en el Consejo Asesor de Medio Ambiente que se celebrará el próximo 24 de noviembre.
Igualmente, Fresneda retomó otra exigencia anunciada hace unos días para que se tramite una ley regional de trazabilidad que prevenga y evite prácticas no legales en la comercialización de los productos agroalimentarios en origen que la organización ha detectado. “Actualmente, están circulando por nuestras carreteras mercancías de forma fraudulenta, con el consiguiente perjuicio para los agricultores y, sobre todo, para los consumidores”, incidió y recordó que “se lo hemos comunicado a las fuerzas de seguridad y a la Administración”, pero “no han hecho los deberes”.
Sobre la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), aseguraron que el actual sistema acentúa la diferencia entre agricultores, a pesar de que todos asumen los mismos costes de producción, “algo que habrá que modificar en la próxima revisión”.
