Incertidumbre, intranquilidad y desubicación. Son las sensaciones que un interino del cuerpo de docentes siente cada vez que llega el 1 de septiembre.
Así lo dice Carlos López Martínez, un maestro de Tomelloso de 42 años que lleva 18 años en situación de interinidad.
Diplomado en Magisterio y titulado con el Grado Profesional de Conservatorio de Música (especialidad de trompeta) lleva toda su vida laboral de centro en centro y sin plaza.
Ha pasado por una decena de destinos (dos en Secundaria) como son Valdepeñas, Tomelloso, Moral de Calatrava, Daimiel, Puertollano, Ciudad Real, Porzuna, Malagón, Villarta de San Juan y Retuerta del Bullaque, aunque el próximo curso repetirá en el colegio capitalino ‘José Maestro’.
En el año 2001, recuerda, terminó la carrera (actualmente grado de Educación) y desde entonces no ha dejado de preparar oposiciones.
López ha aprobado tres veces las pruebas pero fuera de hacerse con una vacante, la primera en 2003 cuando “me quedé a una plaza para ser funcionario de carrera”, lamenta, a la vez que reitera la desazón que siente cada año con cada cambio de destino. “Vas cumpliendo años, pierdes hábitos de estudio y hay que atender a la familia (tiene dos niñas de 5 y 10 años)”.
La intranquilidad también se da, explica, cuando llega el 30 de junio y acaba el nombramiento. Las preguntas son retóricas y muy ilustrativas de su situación: “¿qué me darán, me tocará lejos de casa, tendré que coger el coche”, y se suman a otras más personales, vinculadas a la amistad trabada con los compañeros o a la confianza con los alumnos y las familias.
Igualmente, docentes interinos en su situación también temen las consecuencias en algunos núcleos de la España vaciada, y que conllevan la supresión de plazas y la necesidad de los enseñantes a cambiar de destino.
En este punto, López se pregunta por la diferencia “entre una persona que lleva 18 años dando clase como interino y una persona que es funcionaria de carrera”. Deja en el aire la respuesta y celebra “que siempre me den cerca”, en buena parte por su continuo aprendizaje y su apuesta por la formarse en idiomas, en concreto para obtener el B2 de Francés.
En esta línea, López también da una interpretación a su situación en positivo: la buena posición que tiene en las listas le permiten que “no me falte trabajo”, así como no deja de aprender con la continua preparación de exámenes, dado que sus estudios lo habilitan para acceder a las convocatorias de Primaria, Secundaria y Conservatorio.
“Este año me he presentado a Secundaria por música (sólo han sacado 10 plazas)”, con el fin de “mantenerme en la bolsa”, aunque en Primaria “voy más a saco”.
Real decreto sobre interinos, poco realista
Respecto al real decreto recién aprobado que va a facilitar a interinos que lleven más de 10 años, como es su caso, el acceso definitivo a una plaza que no se haya convocado sin necesidad de oposición, lo ve poco realista.
López reconoce el objetivo de la normativa, en pos de reducir la tasa de temporalidad del 30% al 8% en la administración pública, aunque duda del margen de aplicación en el ámbito educativo. Según explica, el ámbito docente es distinto al sanitario o de gestión, dado que las plazas libres suelen sacarse a oposición en las convocatorias de los diferentes niveles cada dos años.
Además, se trata de un sector, apunta, donde hay altos índices de movilidad entre los interinos, debido a causas como “una comisión de servicio o la jubilación”. Estas causas hacen difícil que un docente ocupe una plaza muchos años.
También suma que las competencias en Educación sean autonómicas y “tengamos 17 sistemas educativos diferentes”, algunos “con lengua propia” con más dificultades en el acceso.
Por ello, López sostiene que a la hora de aplicar dicha normtaiva “tendrán que darle una vuelta” en este ámbito.
También se hace eco de algunas de las opiniones de abogados de Derecho del Trabajo que cuestionan la viabilidad de la normativa por “inseguridad jurídica y arbitrareidad”.
Precisamente, el interino también apuesta por un cambio en los exámenes de la oposición en Educación para acabar con las desventajas entre territorios, a través de modificaciones en el Real Decreto de acceso a la función pública.
A su juicio, al igual que en otros cuerpos como la Sanidad o la Universidad, la primera prueba debería ser objetiva, tipo test, frente al actual desarrollo por escrito de un tema. En la segunda parte, agrega, se sumaría una fase “más subjetiva ante un tribunal”.
