CCOO y el Comité de empresa de la UTE Edares zona 2 de Ciudad Real, que tiene la concesión del servicio de más de cuarenta depuradoras de aguas residuales de la provincia, han denunciado que la empresa ha quitado a los trabajadores el plus de toxicidad que estos venían percibiendo desde hace 25 años.
La UTE Edares, formada por las empresas Aquona Gestión de Aguas de Castilla y CHM Obras e Infraestructuras, está incumpliendo de esta forma el pliego de condiciones por el cual le fue concedido la prestación de este servicio y en el que se recoge que no puede producirse una bajada de los salarios, según ha informado el sindicato en nota de prensa.
“Al suprimir la UTE el plus de toxicidad de unos 280 euros al mes a cada trabajador se está produciendo una rebaja salarial”, ha denunciado el presidente del Comité de empresa de la UTE Edares zona 2 de Ciudad Real, Jesús González.
En total son 60 los trabajadores los que se encargan de la prestación del servicio en las depuradoras de la provincia, procedentes de diferentes empresas que conforman la citada UTE. De ellos eran diez los que tenían reconocido el plus de toxicidad, mientras que el resto no lo venían cobrando.
Por ello, los trabajadores reclamaron ante la justicia el reconocimiento al riesgo laboral al que se ven sometidos cada día en su trabajo en el proceso de tratamiento y depuración del agua, ya que la toxicidad de las aguas residuales supone un riesgo evidente para su salud, y por lo que consideraban que debían percibir este plus.
La respuesta de la UTE Edares, afirman desde CCOO, no ha sido otra que eliminar el plus de toxicidad a los trabajadores que sí que lo venían cobrando desde hace más de 25 años, “subrogación tras subrogación las empresas concesionarias sí que venían respetando, hasta ahora, este plus”, ha señalado el presidente de su Comité de Empresa, quien ha añadido que en estos momentos el proceso judicial sigue abierto.
En este sentido, CCOO y el Comité de Empresa han hecho un llamamiento a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha a que vigile el cumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de las empresas a la que se otorga la explotación de ciertos servicios e instalaciones de carácter público para “evitar injusticias como las que están sufriendo estos trabajadores y ante las que las administraciones no pueden mirar para otro lado”.
“Los trabajadores se sienten abandonados, tanto por la empresa explotadora como por parte de las administraciones”, ha denunciado el presidente del Comité de Empresa, quien ha añadido que van a “seguir luchando” por sus derechos y condiciones laborales.
