El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) realizó a lo largo de 2018 en la provincia de Ciudad Real más de 3.750 servicios de vigilancia, relacionados con el patrimonio histórico, la seguridad alimentaria, las vías pecuarias, o el dominio público hidráulico, con el fin de proteger el soporte físico natural (suelo, agua y atmósfera) y las especies vivas que lo pueblan (flora y fauna).
En concreto, según los datos aportados por el Instituto Armado a lanzadigital, estos efectivos policiales emplearon en el territorio ciudarrealeño unas 27.750 horas y recorrieron más de 400.000 kilómetros, con una presencia mayoritaria en comarcas rurales y en zonas de difícil de acceso, para así “defender y proteger el medio ambiente y su conservación”.
Entre todas las actuaciones de este cuerpo, llevó a cabo casi 1.100 inspecciones en materia medioambiental, dentro de los protocolos administrativos previstos, y no todas finalizaron en denuncias, ya que en buena parte de casos se había cumplido con las exigencias legislativas.
El 10 por ciento de estas inspecciones, señala la Guardia Civil, estuvieron relacionadas con las aguas y dominio público hidráulico. En concreto, en algo más de un centenar de estructuras hídricas -por la realización de pozos, sondeos u otro tipo de prospecciones de agua- los efectivos dieron parte, por vulnerar en todos ellos la ley sobre aguas, y en determinadas ocasiones “por infracciones en materia de minas”.
Medios
El Seprona ha llevado a cabo esta labor con todos los medios propios de la Guardia Civil, además “de una profunda especialización” de sus efectivos, en base a las últimas reformas legales que han permitido “la constitución de una verdadera y específica policía judicial medioambiental”.
En concreto, disponen, según informan, de un laboratorio específico de medio ambiente en el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, además de contar con la colaboración de numerosas instituciones, desde el Instituto Nacional de Toxicología, el personal de institutos de medicina legal, o el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de la Junta de Comunidades.
Normativa
Con respecto a la normativa, vigilan el cumplimiento de la específica en materia de aguas, además del reciente Reglamento de Disciplina Urbanística, texto que está sirviendo a determinados ayuntamientos a que sancionen en determinadas ocasiones.
También están vigilantes del Código Penal y de su artículo 350, que contempla responsabilidades para aquellos titulares de pozos o excavaciones que puedan ocasionar resultados catastróficos, y pongan en peligro la vida, la integridad física de las personas o el medio ambiente.
