Las medidas aprobadas por el Gobierno para descolapsar la administración de Justicia de la pandemia de atasco (ERTE’s, demandas por el coronavirus, quiebras y conflictos laborales) que vendrá después de la crisis sanitaria se examinan con recelo por el sector, que este miércoles ha empezado a digerir el real decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros.
Habilitar la mayor parte del mes de agosto, entre el 11 y el 31, y la opción de establecer trabajo en turnos por las tardes son de las medidas más llamativas, pero no lo peor para los sindicatos de justicia en Ciudad Real, sino cómo evitar los contagios con medidas organizativas y tecnológicas que no ven claras y que se han adoptado sin consenso.
“La única completamente parada”
La abogacía es el colectivo más crítico, y tampoco es por trabajar en agosto, “aunque no es hábil ahora y los plazos no corren no está parado, estamos muy acostumbrados”, las críticas vienen por la falta de medios. “Justicia ha sido la única administración pública que ha estado completamente parada durante el estado de alarma, lo que denota la falta de dotación de medios tecnológicos que arrastramos de manera histórica”, opina el abogado Rodrigo Caballero.
La “falta de medios” impide el teletrabajo
Al este letrado no le parecen mal de entrada las normas, pero insiste, “con habilitar agosto no arreglamos el problema, se ha visto que aquí no se ha podido teletrabajar, es la única administración que sigue pendiente de afrontar una verdadera transformación digital”.
Cipriano Arteche, decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real, es de la misma opinión (la abogacía se viene quejando del parón que repercute en su imposibilidad de trabajar desde que se decretó el estado de alarma), “aquí se podría videotrabajar en muchos asuntos pero no se puede porque esta administración no tiene medios”, recalca.
En cualquier caso el Consejo General de la Abogacía Española celebrará este jueves un pleno extraordinario para debatir este plan y fijar una postura común.
STAJ: el decreto afecta a la Ley Orgánica
El Sindicato de Trabajadores de la Justicia (STAJ), con presencia en la junta de personal de Ciudad Real, advierte que el decreto aprobado por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia conlleva la modificación de varios preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial , “una norma de rango superior, por lo que se necesitaría una mayoría absoluta del Congreso y su previo debate en el mismo”, explica la delegada en Castilla-La Mancha Carmen Romero.
Esta fuerza sindical hace hincapié en que la vuelta a la normalidad suponga “una desescalada progresiva y gradual, en la que se priorice ante todo la seguridad, tanto a nivel de EPIs o mamparas como extremar la limpieza”.
En esa línea de incrementar las medidas de seguridad para evitar contagios y afluencia de público a los juzgados se expresa el sindicato Justicia y Progreso, que ostenta la presidencia de la junta de personal en Ciudad Real. “Las modificaciones procesales de los primeros capítulos nos parecen acertadas, es razonable que se habilite agosto y se practiquen diligencias, desde el juzgado o desde casa, pero el problema es cómo hacerlo”, explica Ricardo Rosales.
El portavoz de JyP argumenta que “no están claras las medidas para evitar que en los cambios de turno no entre en contacto mucha gente, ni la desinfección de los puestos. Celebrar juicio por las tardes puede estar bien, pero con más personal y tampoco se especifíca cómo se regula la jornada laboral”, agrega Rosales.
La Fiscalía ya trabaja para mitigar los efectos del parón
El fiscal jefe de Ciudad Real Luis Huete ni siquiera tiene una opinión formada de las medidas para descolapsar la justicia. Desde que empezó el estado de alarma tiene más trabajo, “nosotros si teletrabajamos, estamos haciendo lo que podemos para intentar salir de esta situación de la mejor manera posible”, explica. En estos momentos, en los que no corren plazos aunque desde la semana pasada se pueden presentar escritos y se notifican sentencias, la fiscalía intenta alcanzar acuerdos de conformidad de juicios suspendidos por el confinamiento.
Alarcón: “La prioridad ahora es la salud”
Tampoco han dejado de deliberar y preparar resoluciones los magistrados de la Audiencia Provincial. Lo explica María Jesús Alarcón, la presidenta, “unos lo hacemos de forma presencial, en mi caso, y otros teletrabajando. La prioridad ahora es la salud”.
El decreto de estado de alarma supuso en los órganos judiciales imponer unos servicios mínimos que se reducen a los juzgados de guardia y el Registro Civil, las sedes están prácticamente vacías. Desde la semana pasada se ha activado algo el trabajo de los funcionarios de justicia, pero al mínimo para que no haya concentración de personal. Hay dos personas por unidad judicial y se han empezado a admitir escritos y emitir sentencias, pero los plazos no corren.
