El conflicto estatal entre la DGT y sus examinadores eclipsado en octubre por el interminable ‘procés’ catalán, encara su quinto mes de huelga (seis en realidad si no se cuenta agosto) sin visos de solución. En medio, autoescuelas de toda España que como las de Ciudad Real están perdiendo miles de euros, pequeñas pymes que han prescindido de empleados y que se mantienen abiertas con lo mínimo. “Hemos perdido el año”, asegura Justo Ruiz de la Hermosa, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, especialmente indignadas porque son los paganos de una situación que no está en su mano solucionar.
Autoescuelas como la de Ruiz de la Hermosa, en Daimiel, se mantienen abiertas “pero con lo mínimo” (en su caso él y su socio); y lo mismo las ciento veinte que existen en la provincia que han tenido que prescindir del personal de apoyo. No ha habido campaña de verano y los exámenes prácticos se administran con cuentagotas. “En la provincia hay seis centros de exámenes y las autoescuelas nos dividimos en seis grupos a la hora de examinar, con tan pocos días de exámenes [dos a la semana] a nuestro grupo nos toca la semana del 16 y a lo mejor ya no podemos llevar alumnos hasta después de Navidades”, así de tremendo es el problema.
El presidente de los empresarios de autoescuelas estima que desde que empezó el conflicto, en el mes de junio, 3.000 alumnos no han podido examinarse sólo en la provincia.
Pierden 2 millones de salario
Más graves son las cifras que aportan desde la otra parte. Andrés Sánchez, examinador de tráfico en Ciudad Real y delegado de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) explica que en la provincia el seguimiento está siendo del cien por cien desde que empezaron a finales de junio (sólo hay cinco examinadores en plantilla) y es muy posible que se mantenga así de firme este mes de noviembre, en el que de nuevo sólo trabajarán jueves y viernes. “De seguir así al final del año dejaremos de percibir unos dos millones de euros de nuestro salario, si contamos al conjunto de la plantilla de setecientos examinadores que hay en España”.
Cerrilismo del Gobierno
El colectivo, que sobre todo reclama una subida salarial que en total supondría 2,5 millones de euros más al año [250 mensuales por examinador], no entiende el “cerrilismo” del Gobierno, puesto que el daño que en su opinión le están haciendo a la hacienda pública es mucho mayor.
“Por este conflicto las autoescuelas han dejado de facturar entre 60 y 70 millones de euros, de los que 12 serían para Hacienda. No entendemos la cerrazón”, insiste Sánchez.
Los examinadores no desfallecen
A su colectivo tampoco le convencen las medidas planteadas por la DGT, que habla de reforzar las plantillas, muy menguadas y al borde de la jubilación en muchos casos, mediante oposiciones a partir del año que viene (en la práctica el personal no se incorporaría hasta finales de año o en 2019), y recelan de un Gobierno que en la anterior huelga, la de 2015, se comprometió a abonarles ese complemento específico que exigen por la peligrosidad y penosidad de su trabajo, pero que no ha cumplido.
“Nos estamos enfrentando al comportamiento de una administración más propia del siglo XIX que nos engaña. Es que ni siquiera acceden a hablar del incremento salarial, aunque pudiera matizarse”, subraya el delegado de Asextra en Ciudad Real.
En estos momentos la huelga mantiene un nivel de seguimiento medio en España en torno al 67%, es decir, los examinadores no desfallecen.
