El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Ganemos Valdepeñas ha presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento de la localidad en relación con la sentencia del Tribunal Supremo sobre los gastos relativos a la inscripción en el notario a la hora de formalización de las hipotecas que, hasta ese momento, venían soportando las y los ciudadanos.
La concejala y candidata a la alcaldía, Juana Caro, ha explicado los términos en los que se centra dicha moción y ha adelantado que espera “contar con el apoyo de todo el Pleno porque son miles de vecinos de Valdepeñas los afectados por pagar lo que tenían que haber sufragado los bancos”.
Así, Caro pone sobre la mesa que, en primer lugar, su petición se centrará en mostrar el rechazo del Pleno Municipal a la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto su propia sentencia relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en el caso de las hipotecas, “una forma de proceder, la del tribunal, nunca vista”.
Por otro lado, desde Izquierda Unida Ganemos van a instar al gobierno municipal a que habilite, conforme ya se ha realizado en otras ocasiones, los mecanismos necesarios para orientar a todas las valdepeñeras y valdepeñeros en caso de que quieran exigir las devoluciones de las cantidades indebidamente cobradas.
Caro ha afirmado que en este caso su grupo político actúa de la misma manera que otras veces ante temas similares (como con las sentencias del mismo TS sobre cláusulas suelo o sobre plusvalías) exigiendo la implicación del Ayuntamiento para prestar asesoramiento gratuito y solvente a sus ciudadanos con el fin de hacer frente de la mejor manera posible a las reclamaciones que se deben interponer, ya sea en vía administrativa o en vía civil.
El Tribunal Supremo establece que es el banco y no el cliente quien debe abonar el impuesto de las hipotecas
La famosa sentencia del Tribunal Supremo, conocida el pasado jueves 18 de octubre, y que trae causa inicial de una demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, gobernado por Izquierda Unida, acabó por dar la razón a los ciudadanos frente a las entidades bancarias, obligando en principio a estas últimas a correr con unos impuestos que trasladaban ilegalmente a los clientes.
