El agua constituye una necesidad básica para todas las personas. Y por ello es un servicio básico municipal y como tal debería ser público para conseguir de esta manera una mejor calidad y un mejor precio. El debate sobre la gestión municipal del servicio no es nuevo en nuestro país y se ha planteado en numerosos municipios con problemas de abastecimiento o de calidad en el agua. Un debate que está demandando la remunicipalización en municipios en los que se había dejado la gestión en manos de empresas privadas. Empresas que, lógicamente, quieren obtener sus beneficios por este servicio y ello repercute finalmente en el precio del suministro a los vecinos.
El debate sobre la privatización es todavía muy desigual en un país en el que el abastecimiento del agua es en algunos casos una fuente más de financiación pública. La titularidad del suministro hasta los hogares es municipal, pero conviven dos modelos de gestión: el público o el concesionado, que da el control a una empresa privada o a una sociedad mixta público-privada, de gestión compartida.
Muchas ciudades europeas han optado por hacer el servicio municipal como Paris y Berlín. En Italia, un referéndum decide que el agua siga siendo un servicio público en todo el país, Eau de Paris informa que cuando se optó por la gestión pública sin reparto de dividendos y con un mayor control de las inversiones se ahorran 35 millones de euros al año y se ha rebajado la tarifa del agua un 8% en un par de años, además de duplicar el fondo de solidaridad para los más pobres, los que no pueden pagar la factura. Las experiencias de privatización han sido malas y han encarecido siempre el servicio para los vecinos.
En Alcázar de San Juan una plataforma, con un respaldo mayoritario de vecinos, reclama la continuación del carácter público del servicio. Y aquí entra un argumento peligroso desde la alcaldía: la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, en una democracia representativa, se manifiesta en los votos de los concejales que han optado por la privatización del servicio. Pero convendría recordar dos aspectos esenciales. El primero de ellos es que la democracia representativa elige representantes que deben defender, no sus intereses, sino los de la comunidad. Y la comunidad los está manifestando de forma clara y explícita con una mayoría realmente aplastante. La democracia representativa es aquella que recoge la voluntad popular y la encauza y gestiona. No es un cheque en blanco concedido cada cuatro años, en una responsabilidad de gestionar los intereses colectivos que en este caso se manifiestan de forma bastante clara a favor del servicio público. Y en segundo lugar, en temas importantes para la ciudad como es el del agua cabe la posibilidad, como piden los vecinos, de convocar un referéndum, consultar a los ciudadanos para saber su opinión y decidir en base a la representación que ostentan lo mejor para la ciudad. Eso podrá aclarar las cosas a los representantes elegidos democráticamente para conocer con claridad la voluntad de sus representados.
El enfrentamiento entre democracia representativa y manifestación de la voluntad popular es en muchas ocasiones, y esta es claramente una de ellas, una falacia para poder hacer lo que se quiere sin contar para nada con la voluntad colectiva. Parece más aquello del gobierno sin el pueblo que el respeto a las formas democráticas. El agua, al igual que otros bienes esenciales para la comunidad debería ser un bien común gestionado por la comunidad garantizando la mejor calidad del servicio y los precios más ajustados posibles para los ciudadanos. No puede ni debe ser lugar para el negocio privado y esa es la defensa que deberían asumir los representantes y encargados de defender los intereses comunes.
