Belén Rodríguez
Ciudad Real
La familia Flores y sus allegados digieren con rabia e indignación la muerte de Diego Flores Vázquez, el hombre de 37 años abatido a tiros el lunes en el carreterín de salida de la autovía A-43, Almagro-Carrión, a manos presuntamente de los mismos tres hermanos del clan rival Cádiz que el año pasado ya intentaron matar a otro Flores, al que hirieron de gravedad con una pistola en la calle Atalaya de Pío XII.
José González, “amigo íntimo” de la familia que pleitea con los Cádiz, ejerció este martes de portavoz para asegurar en su nombre que lo del lunes más que un asesinato premeditado, como cree la Guardia Civil que lleva la investigación, fue una ejecución: “Diego venía de trabajar en el mercadillo de Villacañas (Toledo) con su mujer en la furgoneta y lo estaban esperando en el puente de la autovía próximo a Torralba de Calatrava, se pusieron a su altura, lo echaron de la carretera a 170 kilómetros hora por lo menos, lo embistieron por detrás, y después lo sacaron del coche, lo tumbaron en el suelo y le dispararon en la cabeza con una escopeta”, refiere.
La mujer, de 33 años, que iba con él no se explica todavía cómo está viva. Según ha contado a los familiares antes de “ejecutar” a su marido le tiraron piedras mientras él les decía “a mi mujer no le hagais nada, dejarla”, pero pese a ello la esposa recibió según esta fuente “un culatazo en la cabeza”.
El portavoz de la familia, que confirma las rencillas entre ellos, asegura que los Flores asaltados el lunes no esperaban la agresión.
Según dice, tras el incidente de enero del año pasado en Pío XII, los Cádiz y muchos de sus allegados, residentes en el barrio de San Martín de Porres, se fueron a Linares (Jaén), donde han sido detenidos. “Ya no vivían aquí, aunque tienen un pariente en Torralba que probablemente es el que les ha ayudado a huir”, comenta.
“Fue una emboscada”, insiste Muñoz, que dice que cuando el matrimonio, padres de tres hijos, volvía a Ciudad Real de vender en el mercadillo pensaron que “un loco los perseguía”. Sólo cuando se produjo el choque en el carreterín, y con los dos vehículos, la furgoneta de las víctimas y el BMW de los presuntos agresores, en la cuneta, empezaron a comprender quiénes eran.
En esta parte del relato José González vuelve al juicio del 20 de mayo en la Audiencia Provincial, por el tiroteo de Pío XII, que no llegó a celebrarse porque la fiscalía y la defensa de los acusados, los tres detenidos por esto y su padre (este último está en prisión), alcanzaron un acuerdo de conformidad por intento de homicidio con penas de 4 años y tres meses, y cuatro años, respectivamente para el patriarca, que sigue en prisión, y uno de los tres hijos detenidos ayer en Linares, Ramón, como autor y coautor del intento de homicidio de Julián Flores, tío del ahora fallecido.
El acuerdo incluía una indemnización de 13.500 euros que los Cádiz pagaron íntegramente a Julián.
“Nosotros [los Flores ] no teníamos ni idea de ese acuerdo, nadie nos informó de nada, nos enteramos por la prensa. Julián fue al día siguiente y habló con la jueza [se supone que una magistrada de la Sección Primera que dictó la sentencia de conformidad] y le dijo que no les podía condenar a más”.
La familia Flores, que en esta causa se va a personar como acusación particular, responsabiliza de lo ocurrido en la autovía no sólo a la ley gitana por la cual los Cádiz se tenían que vengar de los Flores tras una primera disputa en 2012, sino a la justicia, “si por casi matar a una persona sólo pagan con cuatro años de cárcel, pues dicen, por otros cuatro más nos cobramos una vida”, opina.
El conflicto Cádiz-Flores, según la versión de estos últimos empezó en el año 2012. Una mujer Flores casada con un Cádiz, Ramón, decidió separarse e irse con sus padres “porque él era un delincuente”, y se llevó a las tres hijas en común. Según el portavoz de los Flores, no es que no le dejaran ver a las niñas, sino que “quisieron robar a las niñas, llevarselas”. Por este motivo hubo una riña en la que Diego Flores, el ahora asesinado, hirió con un palo a un Cádiz.
A partir de ahí el conflicto, lejos de calmarse, se enquistó. En 2013 se produjo el intentó de homicidio de Julián, y ahora esto, una muerte por la que según la ley del ojo por ojo de la que muchos hablaban en el entierro, “alguien tiene que pagar”.
