Efe
Madrid
Los bosques españoles reúnen una multitud de aprovechamientos forestales diferentes a la madera, usos que no están en todos los casos debidamente regulados pero que podrían contribuir a generar riqueza y empleo precisamente en las zonas rurales más desfavorecidas y despobladas.
España es el país con la mayor y más rica biodiversidad, y el que más superficie aporta a la red europea Natura 2000, y esa variedad se manifiesta también en los productos que se pueden extraer de los bosques o las dehesas, productos que debidamente regulados pueden tener un importante valor social, económico y ecológico.
Así lo han expuesto en Madrid responsables de varios sectores (cooperativas y organizaciones empresariales) y de administraciones públicas que han participado en una jornada sobre usos forestales “no madereros”, organizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Son resinas, piñones, corcho, trufas, setas, castañas, plantas aromáticas o hasta el ecoturismo, y todos los ponentes han incidido en las oportunidades ligadas a esos productos y en la capacidad de España para liderar los mercados mundiales.
Pero también han insistido en la necesidad de que existan regulaciones homogéneas en todas las comunidades, un respaldo institucional y que todas las producciones se realicen dentro de la legalidad para evitar que la recolección de algunos productos se realice sin garantías y repercuta de forma muy negativa en el medio.
Para el presidente de la Federación Española de Truficultura, Julio Perales, la trufa es un producto con un altísimo valor social, económico y ecológico que está contribuyendo a la fijación de la población en algunos lugares (ha citado el caso concreto de la comarca turolense de Gúdar-Javalambre).
La trufa es responsable de que algunos pueblos sigan “vivos”, del rejuvenecimiento de la población rural y de la mejoría de la calidad de vida en algunas comarcas españolas, según Perales, y ha señalado que además esas producciones protegen contra los incendios forestales, revalorizan los montes, ayudan a recargar los acuíferos, propician el surgimiento de nuevas dehesas, se convierten en cazaderos de grandes rapaces y propician las repoblaciones con especies autóctonas.
El responsable de esta asociación empresarial ha subrayado que España es, junto con Francia e Italia, el principal productor de Europa, y ha advertido sin embargo de que las trufas se producen ya en países en los que este producto no se encontraba de forma natural, por lo que ha urgido a adoptar medidas para evitar que se pierdan esas oportunidades y la competitividad del mercado español.
En el mismo sentido, Amelia Pastor, responsable de la Cooperativa Piñon-Sol de San Esteban (Valladolid), ha asegurado que España tiene capacidad para ser líder mundial en producción y en calidad del piñón, pero ha incidido en la necesidad de regular el sector y de homogeneizar las normas en las comunidades autónomas para asegurar la rentabilidad del sector y la sostenibilidad a largo plazo de los pinares.
A su juicio, es preciso actuar de forma “urgente” porque el sector “se cae”, y ha asegurado que si no se adoptan medidas con rapidez otros países pasarán a liderar el mercado, el Estado perderá una importante cantidad de ingresos por impuestos y las repercusiones negativas para muchos bosques españoles van a ser irreversibles.
Para Patricia Gómez Agrela, gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, los recursos micológicos son uno de los productos del monte con un mayor valor económico y ambiental, ya que son “fundamentales” para la conservación de muchos ecosistemas.
Y ha advertido por lo tanto del daño económico, ambiental y social que produce la recolección masiva e incontrolada de este tipo de productos, a pesar de que una recolección adecuada puede ser un verdadero “motor económico” para muchas zonas rurales.
“La conservación del recurso está hoy en riesgo por la ausencia de normativas que lo protejan”, ha señalado Patricia Gómez, quien ha denunciado la existencia de “mafias” que esquilman el monte y evitan que el valor añadido de esos productos repercuta en los pueblos.
Bien estructurado, organizado y regulado, el mercado de productos micológicos puede ser “clave” para dinamizar las zonas rurales, según Patricia Gómez, pero ha denunciado que “hoy por hoy se nos está escapando” porque muchos recolectores operan de forma ilegal y de manera “nada transparente”.
