El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha ha criticado la decisión de la alcaldesa de Torralba de Calatrava, María Antonia Álvaro, de suprimir del Plan Concertado de Servicios Sociales de la localidad calificándola de “medida totalmente regresiva en cuanto a la atención social al municipio”, ya que los vecinos pasarán de tener profesionales de los servicios sociales a diario a tenerlos solamente una vez por semana.
En un comunicado, a través de la red social Facebook, el colegio destaca que los tiempos de espera de la ciudadanía a la hora de recibir este tipo de atención “será mucho más prolongado en el tiempo” y repercutirá enormemente en calidad y efectividad hacia los vecinos. Ello impedirá detectar, prevenir e intervenir en las necesidades de la localida, en un momento en que éstas siguen aumentando.
En este sentido, el colegio recuerda en su comunicado que desde el año 2005 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aportaba el 70% del cosste de este servicio, además de las ayudas de la Diputación Provincial, por lo que el coste de las dos profesionales que ejercían en la localidad era de 13.000 euros al año para el Ayuntamiento de Torralba. Desde el colegio señalan quelos servicios sociales son considerados por la alcaldesa ‘popular’ “como un gasto y no como una inversión para sus vecinos”.
Por otro lado, el colegio acusa a la alcaldesa de “mentir” cuando ella asegura que se necesita una población de 10.000 habitantes para sumarse al Plan Concertado, sin embargo la ley indica que “podrán suscribir Convenios para el desarrollo de las Prestaciones de Servicios Sociales de Atención Primaria en el marco del Plan Concertado, las Entidades locales que deseen incorporarse al Plan Concertado, cuya población supere los 3.500 habitantes”.
Por ello, en 2005 dado el gran número de demandas por parte de los vecinos de Torralba, se decidió instalar el Plan Concertado para poder tener un servicio más continuado a diario con mejor calidad.
El Colegio pone en duda que la decisión se haya tomado en base a criterios técnicos y cuestiona que “si la alcaldesa ha preguntado a las profesionales que realizaban el servicio si se han reducido los problemas sociales en el municipio para justificar esta decisión”.
Además, advierten que la suspensión no sólo supondrá para los vecinos y peor servicio sino que les saldrá más caro por la indemnización que tendrá que pagar a las trabajadoras despedidas.
Descalificaciones a las trabajadoras
Así mismo, el colegio considera que los más grave son las “durísimas descalificaciones hacia la Trabajadora Social y la Educadora Familiar que ejercían su labor en Torralba, poniendo en duda su profesionalidad, dando a entender que había denuncias hacia ellas, obviamente sin aportar ninguna de esas denuncias o supuestas quejas”.
Por este motivo, aseguran que el Colegio realizará las acciones pertinentes como Colegio Profesional de Castilla La Mancha para salvaguardar la dignidad y profesionalidad de las técnicas despedidas, así como elevará estas falsas acusaciones al Comité Deontológico Profesional.
Por ello, aseguran sentirse “alarmados” por el enorme desconocimiento que tiene María Antonía Álvaro de los servicios sociales, cuando relaciona el cometido de las profesionales del Plan Concertado de Servicios Sociales
“con la caducidad o no de unos alimentos”. Una visión que lamentan que desde el Partido Popular de Ciudad Real contribuyan a darle difusión desde su página web lo que les hace presguntarse si “es esta también su visión de lo que han de ser los servicios sociales de atención primaria en nuestra región”.
Por último, instan a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que “actúe con contundencia ante este despropósito. No puede limitarse a recomendar que no se deje de prestar los servicios sociales, antes que tomar cualquier otra medida, tiene que exigir una valoración técnica que indique si el servicio queda cubierto en todas sus necesidades con una cesión así y poner de relieve y dar a conocer a los vecinos de forma clara y contrastada esta grave pérdida de derechos”.
