La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la World Compliance Association (WCA) organizaron el I Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica, el cual reunió en Madrid a un conjunto de expertos en compliance para tratar los diferentes problemas procesales a los que se enfrentan las entidades involucradas en un pleito penal.
La reforma del Código Penal en 2015 obligó a las entidades a dotarse de un conjunto de procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, así como a establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a estos. Ese nuevo cumplimiento normativo, conocido como compliance, fue objeto de estudio del I Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica celebrado en Madrid de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la World Compliance Association (WCA).
Un nutrido grupo de expertos
El encuentro, inaugurado por el director ejecutivo de la Unidad de Control Interno de la UCLM, Julio García Muñoz; y el presidente de la WCA, Iván Martínez López, reunió a un nutrido grupo de expertos en compliance que abordó los múltiples problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España, a fin de impulsar la aplicación de políticas de cumplimiento y transparencia.
El congreso se estructuró en cuatro paneles. En el primero de ellos intervinieron como ponentes los magistrados del Tribunal Supremo Eduardo de Porres Ortiz de Urbina y Antonio del Moral, el catedrático de Derecho Procesal de la UCLM y abogado Nicolás González Cuellar, quien hizo referencia a los problemas a los que se enfrentan las entidades ante el alcance de los derechos fundamentales; y el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional Eloy Velasco Núñez.
Segundo panel de intervenciones
Siguió el segundo panel con las intervenciones del gerente senior de Compliance Legal y Defensa Penal en Repsol María Díaz Alonso, el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña Juan Antonio Frago Arnada, el socio director del Área de Penal y Compliance en Chávarri Abogados José Antonio Tuero Sánchez y el catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III Jacobo Dopico Gómez-Aller. Siguieron a ellos el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada y el socio de Círculo Legal y vicepresidente de la World Compliance Association, Diego Cabezuela Sancho; y la abogada y presidenta de la sección de Compliance de ICAM, Beatriz Saura; para terminar con el fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Fidel Ángel Cadena Serrano; y el profesor de Derecho Procesal de la UCLM Jordi Gimeno Beviá quien aseguró que “la disolución no extingue automáticamente la persona jurídica” ya que se debe acompañar de la liquidación.
