La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, junto con la Consejería de Fomento, ha desarrollado el decreto 75/2018, de 23 de octubre, con el objetivo de regular el procedimiento administrativo que se debe seguir en relación con los precios de los servicios públicos municipales sujetos a la intervención por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, concretamente en la aprobación inicial o modificación de las tarifas adoptadas por los municipios u otras entidades locales.
Acorde al nuevo decreto, los precios sujetos a intervención por parte de Castilla-La Mancha son los correspondientes a abastecimiento de agua potable a poblaciones, transporte público urbano de viajeros en automóviles de turismo y transporte público urbano colectivo de viajeros, ha informado la Junta en nota de prensa.
Dicha intervención en los precios de los servicios públicos municipales por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se realizará a través de la emisión de un informe preceptivo por los órganos competentes en las materias sustantivas objeto de tarifa por los municipios u otras entidades locales.
Con la aprobación de este decreto por parte del Gobierno regional, se lleva a cabo un ejercicio de simplificación y agilización administrativa que reduce costes de la intervención administrativa y da un mayor protagonismo a las corporaciones locales, lo que supone acercar la toma de decisiones al ámbito más inmediato de los ciudadanos.
Asimismo, esta norma da respuesta a una demanda de los distintos sectores representados en la ahora extinta Comisión Regional de Precios y asegura la consulta previa a las personas consumidoras a través de sus asociaciones.
Facilidades para los consumidores
Para facilitar la adecuación al nuevo procedimiento establecido la Dirección General de Salud Pública y Consumo, en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla- La Mancha, remitirá a todos los municipios de la región un documento que ilustrará gráficamente el procedimiento a seguir con arreglo a esta nueva regulación.
Castilla-La Mancha ha ejercido la competencia de precios autorizados transferida mediante el Real decreto 2311/1982, de 24 de julio, que atribuyó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las competencias, funciones y servicios de la Administración General del Estado en materia de intervención de precios, a través de la Comisión Regional de Precios.
Esta materia se regula en el decreto 84/1984, de 10 de julio, a su vez modificado por decreto 109/1988, de 26 de julio, que atribuye competencias a la Comisión Regional de Precios y modifica su estructura.
El nuevo decreto 75/2018, de 23 de octubre, ha permitido la revisión del anterior procedimiento administrativo definido, atendiendo a la evolución de la intervención administrativa en esta materia.
