La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha abogado por la puesta en marcha de un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas para hacer frente a las sequías e inundaciones derivadas del cambio climático, en respuesta al informe de la Subcomisión de Agua y Cambio Climático aprobado en el Congreso que plantea reducir el regadío y detener la construcción de obras de regulación
La entidad considera que, al igual que ha habido planes estatales de carreteras o de infraestructuras ferroviarias, se debe apostar por aunar ingeniería y técnica para prevenir “los efectos negativos de las lluvias torrenciales y convertirlos en recursos para las cuencas deficitarias”.
Fenacore sale al paso del informe de la ‘Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de políticas de agua’, porque “entre sus 27 expertos no existe representación de los regantes, a pesar de que concentran más del 60% de la demanda de agua en España”.
Una visión imprecisa de la realidad hídrica
En su opinión, “la falta de voz de los usuarios en esta subcomisión da como resultado una visión imprecisa de la realidad hídrica, donde las consideraciones recogidas en el informe pueden llegar al extremo de conseguir el objetivo contrario al que se proponen, aumentando los efectos del calentamiento global”.
Según ha explicado la entidad en un comunicado, el informe se centra principalmente en “la gestión de las demandas y en la reducción de recursos para regadío como medida para reducir el consumo de agua, lo que tendrá no sólo un impacto negativo sobre el crecimiento económico y la creación de empleo, sino sobre el entorno”.
En opinión de Fenacore, el informe está pasando por alto que esta actividad estratégica actúa “como sumidero de CO2 y reduce la desertización, otra de las principales consecuencias del cambio climático”. Además, apuntan que el regadío “resulta vital” para mantener la población distribuida por el territorio, “contribuyendo a la conservación del medio rural y medio ambiente”.
Los regantes quieren más embalses
Fenacore lamenta que, “en lugar de apostar por una adecuada planificación hidrológica, el informe considera España un país maduro hidráulicamente y aboga por detener la construcción de nuevos embalses y trasvases”, al que para los regantes “no sólo son esenciales para mitigar los efectos del cambio climático, sino que representan una de las medidas más eficaces para aumentar las garantías de agua de los usuarios actuales y potenciales”.
“El norte, que representa sólo el 11% de la superficie, aporta aproximadamente el 40% de las lluvias, lo que choca con el planteamiento de este informe que niega la existencia de cuencas deficitarias, aludiendo a ellas como sobreexplotadas”, sostiene Fenacore.
Obras de regulación
En este sentido, la entidad defiende apoyar la estrategia de aprovechamiento de agua sobre un nuevo Plan Hidrológico Nacional que, basándose en un Pacto de Estado, “haga posible llevar adelante las actuaciones contempladas en los planes de cuenca vigentes y en los que se incluyen las obras de regulación y las actuaciones de modernización de regadíos correspondientes”.
Igualmente, consideran “imprescindible avanzar hacia un sistema integrado del agua donde todos los recursos estén alineados con las diferentes demandas y donde se prorrateen adecuadamente los costes del agua.
En este sentido, los regantes se oponen a la modificación del régimen económico-financiero del agua propuesta en el informe, “siendo necesario aplicarlo de forma correcta”.
Considera, además, necesario establecer criterios personalizados para determinar “qué precio deben pagar por el agua los usuarios y qué debe cargarse a los Presupuestos Generales del Estado, ya que los costes ambientales deben ser asumidos por la sociedad”.
Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “la competitividad de la agricultura española está en desventaja por unos costes de producción desorbitados, en gran medida porque el premio recibido por modernizar los regadíos para reducir el consumo de agua ha sido una modificación del régimen tarifario de la energía que ha supuesto disparar la factura eléctrica y si se modifica e incrementa la tributación del agua, este sector se vería todavía más perjudicado”.
