Los pequeños proyectos de inversión no estarán obligados a llevar a cabo una evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, según recoge el Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que este mismo martes ha aprobado el Consejo de Gobierno y que ya se ha enviado a las Cortes regionales.
Así lo ha destacado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de este asunto, donde ha explicado que esta norma era “necesaria” desde el año 2013, fecha en la que se aprobó la ley estatal.
El Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que mantendrá las garantías ambientales “al mismo tiempo que genera actividad económica, permitirá eliminar la obligación de esa evaluación ambiental en el caso de los proyectos que no tengan una “incidencia ambiental significativa” -en función de su tamaño–.
Además, y para reducir la burocracia sobre los pequeños emprendedores, el Gobierno autonómico ofrecerá “consultoría real y gratuita” a los pequeños ayuntamientos “para resolver las dificultades administrativas que generan algunos proyectos” que algunas veces “colapsan” debido al “tapón administrativo” que supone sacar adelante una evaluación ambiental en estos pueblos pequeños.
Igualmente, ha detallado Martínez Arroyo, la futura ley contempla el archivo de determinados proyectos “desde el primer momento” si se comprueba que no cumplen, algo que no cortará en ningún caso la posibilidad para la empresa de que pueda volver a iniciar el proyecto.
El titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha confiado en que, una vez que el Proyecto de Ley haya entrado en las Cortes, pueda ser aprobado “antes de que finalice la legislatura” con el respaldo de los tres grupos parlamentarios, pues esta norma es “muy beneficiosa” y el resultado “de mucho diálogo”, ha concluido.
