Por supuesto que la sentencia condenatoria sobre el estado de alarma decretada por el Gobierno y aprobada por las Cortes Generales, hay que acatarla; pero en este caso concreto estoy viendo a mucha gente, -a los que me sumo-, que no terminamos de entender esta sentencia. Sentencia que llega tarde y con sorpresa incluida.
Quiero pensar, -estoy seguro-, que los seis magistrados que han votado a favor de la sentencia condenatoria, tienen apoyatura jurídica en nuestro ordenamiento. Pero de la misma manera, estoy convencido de que los otros cinco que se han manifestado en contra tienen fundamentos en los que basarse. Y de ahí mismo surge mi primera duda. Llega tarde, cuando ya no tiene arreglo, y después de un año sin ser capaces de ponerse de acuerdo, o al menos intentar acercar posturas. Ya el devenir de los hechos hace muy difícil entenderlo.
Cuantos más días pasan, y cuanto más leo en referencia a este incómodo asunto, más me acerco a pensar que un cierto sector de la Justicia está jugando a meterse en política. Es la politización de la justicia. Deseo profundamente estar equivocado, pero mucho me temo que alguien está posicionándose de parte de los denunciantes, y contribuyendo al desgaste del Gobierno.
No hace falta ser experto en derecho para considerar, -creo yo-, una contradicción que para garantizar un derecho fundamental es preferible suprimirlo que restringirlo. Que restringir un derecho mediante el estado de alarma es inconstitucional, y al mismo tiempo proponer que se supriman mediante un estado de excepción. Contradictoria la posición, e incongruente que en una sentencia se hagan propuestas políticas.
¿No podría estar aquí una de las explicaciones por las que el Partido Popular se niegue a renovar estos cargos? ¿No podría ser que les interese más que haya mayorías de magistrados que jueguen a hacer política?
