El 28 febrero de 2023 el Gobierno aprobó la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que estipulaba la obligación para todas las empresas de más de 50 trabajadores de disponer en el plazo de un año de un protocolo de actuación para velar por la igualdad de este colectivo.
Así, el Ejecutivo nacional se compromeió a sacar un reglamento antes del 2 de marzo de 2024, para que las empresas comenzasen a ejecutar los planes. Reglamento, que según UGT, debe incluir medidas claras y eficaces que sirvan para tener unos centros de trabajo libres de discriminación. En el caso de Castilla-La Mancha, un total de 607 empresas estarán obligadas a incluir estos planes LGTBI, 32.000 en el conjunto del país.
«Las personas LGTBI necesitan herramientas para abordar los casos de acoso, y que las empresas intervengan de manera activa. También son necesarias medidas para la formación, y para la sensibilización, para la utilización del lenguaje inclusivo, o la generalización de los permisos y licencias familiares para las personas LGTBI, entre otras», apunta el sindicato.
Desde UGT exigen unos centros de trabajo más inclusivos, y libres de discriminación. «Y es que según datos recogidos en un informe elaborado por el sindicato, el 50% de las personas LGTBI consideran que no están aceptadas socialmente y que su situación no es buena en general. Algo que se agrava en el caso de las personas trans, donde el 70% considera que no están aceptadas».
Además, señala que el 75% de las personas LGTBI consideran que no tienen las mismas oportunidades que las personas heterosexuales en el trabajo. «Una situación que tiene consecuencias muy negativas, cuantificables en derechos y en salario. Y es que muchas de estas personas renuncian a pedir permisos retribuidos por matrimonio o de acompañante a cónyuges en visitas médicas u otros relacionados con el ámbito familiar».
Por todo ello, afirma que se hace necesario reforzar decididamente el ámbito de la negociación colectiva con un nuevo marco regulatorio que permita planificar medidas (PLANES) parar lograr el objetivo de garantizar los derechos.
