Dicho manifiesto cuenta con el apoyo de más de 270 docentes y profesionales de la investigación, según ha informado Aliente en nota de prensa.
Estas organizaciones han realizado esta petición ante la «avalancha» de las grandes empresas eléctricas y grupos de inversión, promoviendo macroproyectos «de forma masiva» por toda la región «y que pretenden ocupar tierras fértiles o de gran valor ambiental en vez de las cubiertas y el suelo cercano a las zonas urbanas e industriales como correspondería a estas tecnologías», criticando que dichas propuestas se están realizando «de forma desordenada» y supondrían la ocupación y deterioro de grandes extensiones de cultivo, pastizales, bosques, dehesas y estepas naturales de gran importancia, amenazando a poblaciones de aves, quirópteros, ZEPAs y al patrimonio cultural y paisajístico.
Han recordado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor potencia solar instalada de España, «facilitada por la ausencia de una legislación ambiental más desarrollada con la que sí que cuentan otras comunidades autónomas, así como de directrices de obligado cumplimiento para zonificar terrenos no aptos para estas instalaciones».
La falta de desarrollo de los mecanismos y organismos legales de la propia legislación regional y la contradicción con las normativas y leyes europeas, nacionales e incluso autonómicas redundan en el cuestionamiento urgente de esta implantación desordenada y no controlada de las macro instalaciones, alegan.
«A esto hay que añadir la infraestructura eléctrica accesoria, como subestaciones, líneas de alta tensión para la evacuación y transporte de la electricidad y demás proyectos de interconexión eléctrica transfronterizos, que aumentan el impacto sobre el paisaje, las poblaciones y los ecosistemas», han añadido.
Puesto que además dichas instalaciones supondrían, junto con la pérdida de tierra «que siempre es un valor de futuro y que implicaría de forma directa la expulsión y pérdida de actividad agroganadera», el modelo de macroplantas «llevaría a una nula creación de empleo y economía de calidad en el sector secundario y por lo tanto fomentarían el despoblamiento y el desequilibrio estructural de nuestro territorio».
«Por otra parte este modelo de macroinstalaciones y distribución ampliada conllevaría graves problemas de generación de residuos y extractivismo que supondrían a la larga un mayor y totalmente contradictorio deterioro ambiental», han apostillado.
Y, finalmente, han recordado la «subida incontrolada y muy cuestionada y cuestionable» de la factura eléctrica en el último mes, lo que, afirman, demuestra que estas macroplantas «parecen estar diseñadas por y para mantener el actual monopolio de las grandes energéticas y grupos de inversión».
«Por todo esto, consideramos imprescindible esta moratoria que paralice la autorización de megaparques fotovoltaicos, hasta que nos dispongamos de un marco regulatorio global que redirija la transición energética y sus instalaciones, estudiando las medidas de reducción, localización, generación comunitaria e impactos ambientales y económicos», han concluido.
