Según han precisado a Europa Press fuentes de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, estas explotaciones necesitan superar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o la Autorización Ambiental Integrada (AAI) según su tamaño, un trámite que otorga el departamento que dirige Francisco Martínez Arroyo.
En este punto, estas fuentes detallan que de las 46 explotaciones porcinas que precisaban AAI en el periodo 2015-2018, 16 no la han obtenido.
Desde el departamento que dirige Francisco Martínez Arroyo, en muchas ocasiones las explotaciones no llegan a contar con una EIA o una AAI positiva, debido a la gestión “estricta” que realiza el Ejecutivo autonómico para su posible concesión.
Los informes de impacto ambiental de todos los proyectos siguen una tramitación “exhaustiva” basada en la normativa vigente, donde se tienen en cuenta los diferentes informes de las administraciones, organismos, confederaciones hidrográficas y asociaciones consultadas.
Entre ellos, se encuentra el emitido por el ayuntamiento en cuestión donde se quiere ubicar el proyecto, y estas fuentes recalcan que si no viene avalado por un consistorio, no se tramita.
Marco normativo
Desde el mes de noviembre, en la región entró en vigor el decreto que establece las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha, que amplía en dos kilómetros la distancia de instalación de granjas a núcleos urbanos.
Según el decreto, todas las explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos ubicados en Castilla-La Mancha deberán estar inscritos en el registro de explotaciones como requisito previo para el inicio de la actividad y para la emisión de la documentación zootécnica o sanitaria relacionada con la explotación ganadera.
