La secretaria provincial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Albacete, Amelia Valero, ha denunciado la negativa de la Mutua Solimat al derecho de prestación de riesgo por embarazo a una auxiliar de enfermería en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave (Cadig Albatros), centro dependiente de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En este sentido, Valero ha criticado que Solimat, mutua concertada por la JCCM, ha denegado el derecho a la protección en materia de seguridad y salud frente a los riesgos laborales a una auxiliar de enfermería de este centro asistencial, porque considera que en su puesto de trabajo “no existe riesgo durante el embarazo hasta las 12 semanas de gestación”,
Además, Valero ha informado de que la auxiliar de enfermería, realizó su petición a la mutua Solimat, tras considerar la JCCM, que la trabajadora en situación de embarazo está expuesta a agentes, procedimientos, condiciones de trabajo y actividad que influyen negativamente en la salud de la trabajadora o del feto, y por tanto, siendo susceptible de presentar los riesgos recogidos en la evaluación de riesgos.
“La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también consideró que no puede efectuarse una adaptación del puesto o cambio del mismo por otro sin riesgo conocido en esta situación de embarazo”, ha dicho Valero.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Albacete expresa que tras los informes expedidos por el Servicio de Prevención y por la propia JCCM, que advirtió del riesgo explícito a la mutua por no poder efectuarse una adaptación o cambio de puesto por otro sin riesgo conocido, “la mutua debería haber reconocido la situación de subsidio por riesgo durante el embarazo, y autorizar esta prestación de riesgo durante el embarazo, tal y como queda establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres”.
Desde la FSC-CCOO consideran que se está realizando “una clara vulneración de derechos a la protección de la maternidad y de conciliación laboral y familiar”, y que la mutua, en vista a los riesgos recogidos en este centro de personas con discapacidades intelectuales graves, “deben reconocer esta situación desde el primer día de embarazo como en otras ocasiones ya se ha realizado y teniendo en cuenta que los riesgos explícitos son los mismos desde el primer día de gestación”, ha concluido Valero.
