El número de desempleados alcanzó las 163.600 personas al cierre de 2019 en Castilla-La Mancha, 3.700 más que 2018, además de que la cifra de ocupados sufría un descenso de 5.900 trabajadores y el de activos bajaba en 2.200 personas, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El mal comportamiento del mercado laboral en la región el pasado año se muestra en toda su crudeza en el hecho de que, junto a Extremadura, que prácticamente no varió su ocupación (-0,05%), fue la única comunidad autónoma con variación anual negativa de ocupados (-0,7%), la que mayor descenso del número de activos presentó y la segunda con mayor incremento del paro por detrás de Cantabria.
Este balance, que sitúa a Castilla-La Mancha como la peor comunidad autónoma en empleo en 2019, estuvo jalonado de otros malos indicadores en términos interanuales: la destrucción de 14.100 puestos de trabajo en el sector servicios y un total de 80.100 personas que buscaban su primer empleo o dejaron su anterior trabajo con más de año de anterioridad. En el cuarto trimestre aumentaba el número de desempleados en 5.100 personas cerrando un 2019 muy negativo.
Además, como muestra de la sangrante precariedad y temporalidad del empleo en Castilla-La Mancha, las jornadas parciales aumentaron un 0,5%, el 15,2 por ciento de los parados lleva entre un año y dos buscando empleo y el 30,5 por ciento acumula más de dos años en ese intento de encontrar un puesto de trabajo. Traducido en valores absolutos, 74.800 personas llevan más de un año sin una ocupación laboral, entre ellas 45.600 mujeres.
Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), las políticas del Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Plan Extraordinario de Empleo 2015-2017 y el actual Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha 2018-2020 no han atajado los graves problemas del mercado laboral de la región. Es más, el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page ha concedido 4.4 millones de euros a CCOO, UGT y Cecam dentro de estos planes, una cifra que sube hasta los 38,3 millones de euros por diversos conceptos desde 2014, sin que la coyuntura del empleo, con temporalidad y precariedad, haya cambiado.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La EPA ha vuelto a constatar que la temporalidad en el empleo público (905.300 empleos, el 27,8 por ciento del total), que supera un punto y medio a la que se registra en el sector privado (26,3) en el ámbito nacional.
Por otra parte, según los mismos datos, las plantillas de las administraciones públicas en España registran un total de 925.200 personas con más de 55 años (el 28,4 por ciento del total) y que por tanto se jubilarán previsiblemente a lo largo de los próximos 10 años. Es necesario invertir esta tendencia para salvaguardar los niveles de asistencia y prestaciones que recibe la ciudadanía. Por ello, CSIF reclama Gobierno que nos sentemos en la mesa a negociar un plan de recursos humanos.
