El sindicato CSIF ha registrado una queja al Defensor del Pueblo para pedir amparo “ante la situación de indefensión de la población reclusa y del personal de Instituciones Penitenciarias”, dicen, por la falta de medidas de protección frente al coronavirus, una situación que atañe a los seis centros penitenciarios de Castilla-La Mancha (Herrera y Alcázar en Ciudad Real).
Aseguran en un comunicado que el Ministerio del Interior “aún no ha facilitado los medios de protección necesarios”, y aportan el dato de que estas prisiones de la región tienen medio millar de presos en cuarentena y 300 funcionarios (70 infectados).
La declaración del estado de alarma ha supuesto la suspensión de los permisos de salida y las comunicaciones familiares y los vis a vis, medidas rechazadas por los internos, “a lo que se une la constatación de los presos de que no tienen protección frente a la propagación del virus”.
Escenario de tensión
“Todo ello podría dar lugar a un escenario de tensión que dinamiza la producción de incidentes graves contra las instalaciones y la integridad del personal penitenciario y los propios internos, como ya está ocurriendo en algunas prisiones españolas”, denuncian.
CSIF-Castilla-La Mancha alega la posible vulneración de la Ley 31/ 1995, de Prevención de Riesgos Laborales por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
También denuncian que el personal se resiente puesto que hay muchos profesionales penitenciarios que están en aislamiento sanitario domiciliario (sea con sintomatología o no), por indicación de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, a los que todavía -a pesar de haber sido solicitado al Ministro de Sanidad- no se les ha hecho pruebas diagnósticas del Covid-19 y por tanto no está confirmado ni negado su contagio.
