El decano de Castilla-La Mancha del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de España (CITOP), Ángel Manuel Leiva Abascal, y otros diez decanos más, exigen la dimisión de la actual Comisión Permanente del Colegio nacional, por entender que “carece de legitimidad y que ha sumido a la institución en una situación de incertidumbre”. Su posición se ha plasmado en un comunicado donde los firmantes representan a la mayoría de los colegios de España.
En su documento, Leiva y el resto de los decanos reclaman que “se acepte la legitimidad de la candidatura encabezada por Javier Manteca, que fue reconocida como ganadora el 15 de julio pasado por la Junta Electoral General, tras retirarse la candidatura liderada por Carlos Dueñas, que había sido presidente durante el mandato previo”.
Sin embargo, Manteca nunca pudo tomar posesión de su cargo de forma efectiva por “las maniobras de obstrucción que desarrolló el todavía hoy responsable del colegio; entre ellas, el cambio de cerraduras en la sede”.
Los decanos exigen “el cese del uso irregular de cargos del Consejo”, así como “la dimisión de los miembros de la Comisión Permanente” de la institución. Los integrantes del equipo que actualmente gestiona el Colegio de Ingenieros Técnicos fueron elegidos en 2017 y “han sobrepasado ampliamente los márgenes temporales de su mandato”, pese a lo cual “siguen perpetuándose bajo la falsa premisa de ejercer sus cargos en funciones”.
Representación territorial mayoritaria
Los decanos firmantes representan a 11 de las 21 zonas territoriales en las que la institución está representada en España. Concretamente suscriben el documento los siguientes decanos: Eduardo Francisco Vílchez López, decano del CITOP de Alicante; Pedro León Marugán, decano de Andalucía Occidental; Arturo Campos Sánchez de Vivar (Andalucía Oriental), Félix Santos Dios (Asturias), María Gloria Penalva Saá (Baleares), Jesús López Brea (Cantabria), Ángel Manuel Leiva Abascal (Castilla-La Mancha), Óscar Sánchez Morán (Castilla y León Occidental), Juan R. De la Fuente Angulo (Castilla y León Oriental), Manuel Camacho Piñera (Murcia) y Francisco Javier López Marrero (Tenerife).
Tercera anulación electoral en un año
Según el comunicado, la reacción de los decanos “se produce tras anularse por tercera vez en menos de un año las elecciones internas y después de que la Junta Electoral de la institución emitiera un durísimo pronunciamiento, con fecha del 17 de enero, en el que acusa a la actual dirección ‘en funciones’ de interferir en la limpieza del proceso”.
Añade el comunicado que “las irregularidades denunciadas por la Junta Electoral se suman a las que han venido salpicando el proceso hasta ahora. Entre las que destacan las maniobras con las que la Comisión Permanente impidió el relevo en la institución, que están denunciadas en los tribunales. Y es que, tras ser confirmada la candidatura de Manteca como ganadora y firmar incluso ante la Junta Electoral como nueva dirección del colegio, el equipo ‘saliente’ impidió la toma efectiva de posesión cambiando las cerraduras de la sede de la institución en Madrid”.
“Destitución anómala” de la anterior Junta Electoral
El comunicado indica que “a la obstrucción de la toma de posesión siguió la destitución de la Junta Electoral General y la consideración de sus decisiones como nulas, incluido el documento que reconoce a Javier Manteca como ganador y nuevo presidente del Colegio”.
Como fundamento de sus actuaciones, “la dirección del colegio apela al artículo 34 del Reglamento del CITOP en el que, al tiempo que se afirma que los miembros de la Junta Electoral “son inamovibles durante su mandato”, se contempla la posibilidad de que sean separados de su cargo “mediante acuerdo motivado del Consejo, previa audiencia del interesado y de los otros miembros de la Junta Electoral General”.
Decisiones recurridas en los tribunales
En el comunicado se señala que “estas actuaciones de la dirección de Carlos Dueñas han sido recurridas en los tribunales. Sin embargo, entre tanto, la candidatura de Manteca aceptó concurrir a unas nuevas elecciones que ya han sido suspendidas en dos ocasiones por la Junta Electoral General, cuyos miembros sustituyeron a los anteriores, irregularmente destituidos por la dirección ‘saliente’”.
“Las denuncias que esta nueva junta realizó en su comunicado del 17 de enero, pocos días antes de la fecha en la que los miembros de la institución estaban llamados a votar por tercera vez, han sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los colegiados”.
La primera expresión de descontento surgió en Cantabria
El comunicado de los decanos apunta que “unos días después, el decano de Cantabria, Jesús López Brea, denunció públicamente la grave situación de la institución, de la que dijo que se encuentra descabezada en la práctica y sin capacidad para realizar las labores que tiene encomendadas de defensa de nuestra actividad profesional”.
Continua señalando que “la queja se extiende ahora a la mayoría de los decanos de la institución, que ya no se conforman con un nuevo proceso electoral que ofrezca garantías de transparencia y legalidad, sino que reclaman que se reponga en el cargo a la dirección legítima, así proclamada por la Junta Electoral el 15 de julio de 2021, para iniciar una nueva etapa que permita recuperar la estabilidad y el prestigio de la institución”.
Todo ello, según los decanos, se justifica por la necesidad de “restaurar los principios democráticos de libertad y transparencia que deben regir esta institución como corporación de Derecho Público” que es.
Cinco años sin aprobar las cuentas
A este respecto, el comunicado de los decanos resalta también que la actual Junta de Gobierno ‘en funciones’ “lleva cinco años sin aprobar las cuentas del Colegio. Incluso llevamos más de un año sin presentarlas a los consejeros” lo que conlleva “un desconocimiento absoluto de la situación económica actual de la institución”.
Asimismo, dicen que “no se ha celebrado ningún Consejo ordinario desde el 6 de febrero de 2021”.
Y concluyen indicando que “el conflicto se inició a raíz de una denuncia contra la candidatura de Javier Manteca por no incluir un 40% de mujeres y entender que ello incumplía la Ley de Igualdad. Sin embargo, el candidato impugnado cuenta con dos informes de INGITE y de UNIÓN PROFESIONAL que defienden que tal exigencia no es aplicable en las elecciones colegiales. Los informes aconsejan que la representación sea proporcional por entender que en un colegio con un 17% de mujeres no debe exigirse una representación del 40%”.
