Llorente se ha pronunciado así en declaraciones a los medios en las puertas de las Cortes después de que se conociera un escrito en el que los miembros del equipo técnico de Podemos han remitido a la secretaria regional de Organización y diputada autonómica, María Díaz, denunciando el trato machista y discriminatorio recibido por parte del parlamentario.
Aunque ha rechazado explicar quién y qué motivos cree que están detrás de esta misiva, sí ha apuntado que es “lamentable que algo tan serio como el machismo se trate de instrumentalizar” contra su persona, siendo algo que “solo puede responder a una campaña de desprestigio” motivada por sus posiciones políticas, que va a seguir defendiendo “en cualquier caso”.
“Voy a seguir defendiendo la necesidad de una alternativa de cambio frente al Gobierno de Page, y seguir exigiendo explicaciones y responsabilidades políticas por el caso Incarlopsa. No van a poder callarme”, ha referido Llorente, que no ha querido comentar porqué cree que este caso está detrás de lo ocurrido.
Dicho esto, ha señalado que los trabajadores del Grupo Parlamentario Podemos “no han firmado este escrito” salvo en un caso por el que no entiende el motivo porque “es todo falso”. El resto de firmantes son “en algunos casos” personas que ni siquiera conoce, ha explicado.
David Llorente ha recalcado que estas acusaciones son “muy graves” y “calumniosas” y vulneran “gravemente” su derecho al honor, además de “totalmente inadmisibles”, y por tanto ha puesto el asunto en manos de sus abogados y en los próximos días acudirán a los tribunales a interponer una querella.
El diputado de Podemos, que no ha querido hacer más declaraciones por respeto a la justicia, si ha agradecido “todos los mensajes” que desde primera hora de la mañana –cuando la Cadena Ser adelantó la noticia– está recibiendo “de compañeros y compañeras de toda la región que evidentemente saben que esto es totalmente falso”, aunque no ha precisado, preguntado por ello, si entre ellos estaba el del secretario regional y vicepresidente segundo del Ejecutivo, José García Molina.
