El europarlamentario de Podemos Xabier Benito Ziluaga, organizador de la jornada ‘Minería en Europa, el nuevo desafío extractivista’ en el que ha participado el diputado castellano-manchego David Llorente, subraya en un comunicado que “la minería a cielo abierto no va a repercutir ningún beneficio para los territorios ni su gente, es un modelo cortoplacista del que solo se enriquecen las empresas especulativas.” Y apunta a las “opacas transnacionales del sector, que obtienen un beneficio claro de las explotaciones durante 10 o 15 años dejando un territorio destruido”.
En la misma nota el eurodiputado de Podemos recuerda que “la Ley estatal de minas, que data de 1973 y es preconstitucional, genera un marco de desregulación para obtener permisos y hacer negocio antes incluso de iniciarse la extracción. Si Gobierno y Unión Europea no apuestan estratégicamente por la protección de los espacios protegidos y la economía local acabarán sirviendo a inversores buitre incluso de otros países”.
Mina de tierras raras del Campo de Montiel
En Bruselas ha estado presente el proyecto de mina de tierras raras de la provincia de Ciudad Real, representada por el diputado de la formación morada en las cortes de Castilla-La Mancha David Llorente, quien ha recordado que se logró que el Gobierno regional emitiese una declaración de impacto ambiental negativa basada en la afección del proyecto de minería de tierras raras a la Red Natura 2000.
La victoria del campo de Montiel
“Esta victoria demuestra la efectividad de la movilización social sostenida combinada con una sólida acción parlamentaria”. Un precedente positivo que según dicen aporta esperanza para otros territorios pero no es definitiva porque la empresa minera ha recurrido. “Por eso la gente en el Campo de Montiel permanece alerta y organizada, y estamos trabajando en una Proposición de Ley de Minería de Tierras Raras que sirva para prevenir estos proyectos en el futuro”.
Llorente se refiere a “otros proyectos de minería especulativa” la mina de wolframio proyectada en Abenójar y la de fosfatos en Fontanarejo”. También se han denunciado graves irregularidades en la tramitación de los expedientes “ya que ponen en riesgo la salud pública y el medio ambiente”.
