La asociación Proanimal Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones ante la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) para su incorporación en el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Armas, a fin de “proteger a los niños del riesgo objetivo que para sí mismos y para terceros supone el poder usar libremente un arma de fuego”.
Prohibido usar armas los menores
En un comunicado, Proanimal pretende que el Reglamento de Armas prohíba con carácter general, y en todo el territorio nacional, el uso de armas de fuego a los menores de 16 años, en el mismo sentido que el Defensor del Pueblo se ha pronunciado sobre esta cuestión, a instancias de una queja presentada por la propia asociación.
“Generalmente las licencias de armas para menores son empleadas para la práctica de la caza” motivando que en esta actividad se produzcan “numerosos accidentes por arma de fuego, a veces con el resultado de muerte de personas”, ha indicado Proanimal, que rechaza que “menores mueran en cacerías, como le ocurrió hace un mes a un niño de 4 años en la localidad sevillana de Guillena o a otro de 13 años en octubre de 2018 en Villalba de los Alcores” o que “se vean involucrados en accidentes por arma de fuego en cacerías, como sucedió en noviembre de 2018 en Almodóvar del Campo (Ciudad Real)”.
Competencias del Estado
A su juicio, debe ser el Gobierno del Estado quien, “ante la irresponsabilidad mostrada por los gobiernos regionales”, asuma el deber de adoptar la medida de elevar la edad mínima para otorgar licencias de armas en aras al interés del menor.
Asimismo, la asociación ha solicitado a la ICAE que los agentes de la autoridad puedan proceder al decomiso de las armas en acciones de caza, tanto en terrenos públicos como privados, cuando tengan conocimiento que una persona porte armas, presentando signos externos y evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.
Decomiso temporal
Actualmente el Reglamento de Armas no contempla esta posibilidad de decomiso temporal de armas de fuego en terrenos privados (cotos de caza), con el consiguiente y evidente riesgo que para cazadores y otros intervinientes en las cacerías supone el que una persona maneje dichas armas bajo la influencia de dichas sustancias.
