El Gobierno y los agentes sociales retomarán la próxima semana el diálogo social para abordar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre y la futura Ley del Trabajo a Distancia.
En concreto, el primer encuentro tras el parón vacacional lo mantendrán este martes, 1 de septiembre, cuando Gobierno, sindicatos y empresarios se reunirán para hablar de la regulación del trabajo a distancia, con un nuevo texto sobre la mesa.
El nuevo borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, incorpora algunas novedades. Así, deja claro que la regulación del trabajo a distancia no será de aplicación para el personal laboral de las Administraciones Públicas, que se regirá por su normativa específica.
Al mismo tiempo, el texto clarifica los límites a la capacidad de las empresas para controlar y vigilar que los trabajadores a distancia cumplen con sus tareas, respetando su “dignidad” y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad para cumplir con sus obligaciones y deberes.
El anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia, que tiene como marco el acuerdo europeo sobre teletrabajo, será de aplicación a las relaciones laborales que se desarrollen a distancia con carácter regular, entendiéndose por regular cuando, en un plazo de referencia de tres meses, un mínimo del 20% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, sea prestada bajo esta modalidad. Este porcentaje es uno de los puntos de conflicto entre sindicatos y empresarios.
REUNIÓN SOBRE LOS ERTE EL DÍA 4 EN BALEARES
Los interlocutores sociales y el Ejecutivo volverán a verse las caras a finales de semana, el viernes, día 4, en Palma de Mallorca, para negociar la prórroga de los ERTE, aunque, según confirmó la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no se espera que se cierre ningún acuerdo ese día.
La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha afirmado esta semana que habrá que estudiar en qué sectores siguen funcionando los ERTE a partir del mes de septiembre. Algunos, como el turismo, no se han recuperado de la debacle del Covid, pero otros hace tiempo que han arrancado.
Asimismo, Calviño es de la opinión de que los ERTE deben ir transformándose desde el instrumento de choque que son actualmente a una herramienta asociada a la formación y recualificación de los trabajadores, muy al estilo alemán, una opinión que se comparte desde los sindicatos.
Según la ministra de Trabajo, actualmente hay unos 700.000 trabajadores en ERTE, que “están localizados en sectores muy concretos”. Los sindicatos, más que restringir esta herramienta por sectores, prefieren restringir o vigilar las causas de estos procedimientos.
Respecto a la exigencia sindical para que se mantengan las cuantías de las prestaciones asociadas a los ERTE en aras a alcanzar un acuerdo, Díaz ha pedido que “nadie se siente a negociar con líneas rojas”.
Sobre el plazo hasta el cual podrían extenderse los ERTE, la ministra de Trabajo ha señalado al respecto que, si esta herramienta funciona, no hay por qué ponerle plazos. “Lo importante es que el Gobierno no va a dejar caer a nadie”, aseguró recientemente.
En la reunión del día 4 también está previsto abordar la prórroga del ‘Plan Mecuida’, cuya vigencia expira el 22 de septiembre. Este plan, que Trabajo ha dado por hecho que se prorrogará, permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado), siendo posible una reducción del 100% de la jornada (en ese caso sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello.
El pasado 26 de junio el Consejo de Ministros aprobó la prórroga hasta el 30 de septiembre de los ERTE asociados al Covid-19 y de la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis.
Ambas prórrogas fueron fruto de las negociaciones que el Ejecutivo mantuvo, en el primer caso, con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme y, en el segundo, con las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae.
En el Real Decreto-Ley aprobado destacaban el mantenimiento de los ERTE de fuerza mayor total para las empresas que aún no han vuelto a la actividad y la posibilidad de que las empresas que se vean obligadas a cerrar de nuevo por culpa de un rebrote del coronavirus puedan acogerse a estos procedimientos.
A los ERTE de fuerza mayor total vigentes actualmente (aquellos que tienen a todos sus trabajadores suspendidos de empleo) se les aplicó una exención en las cotizaciones empresariales del 70% en julio y del 60% en agosto, que bajará al 35% en septiembre, en el caso de empresas con menos de 50 trabajadores. Para las empresas con más de 50 empleados, la exoneración de cuotas ha sido del 50% en julio y del 40% en agosto y será del 25% en septiembre.
