Arranca el curso político con el primer pleno de la temporada tras el paréntesis estival. La sesión se celebró este lunes por la noche de forma presencial y bajo una nueva disposición prolongándose durante más de dos horas y media. Instantes antes del inicio se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Eva María López, concejal del PSOE durante la legislatura anterior.
A partir de ahí sobre la mesa, asuntos económicos que recibieron el beneplácito unánime en su mayoría, y dos mociones del equipo de Gobierno. La de mayor actualidad pretendió dar un nuevo paso al frente para impedir la instalación de una macrogranja de porcino en Daimiel, uno de los temas que más preocupan a los daimieleños en los últimos tiempos junto con el Covid-19.
Macrogranja de porcino
Precisamente con la pretensión de limitar las instalaciones de granjas de porcino intensivo dentro del término municipal, el equipo de Gobierno presentó un texto por la vía de Urgencia que recibió el apoyo del Grupo Socialista y la abstención de IU. El objetivo de los populares fue sacar adelante un acuerdo que permita solicitar a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la modificación del artículo 8 del Decreto 69/2018 de 2 de octubre para que regule la posibilidad de que los municipios que en su planeamiento tengan delimitadas área de especial sensibilidad odorífera, poder establecer los límites de distancia mínima que establezca cada ayuntamiento más allá de los 2.000 metros que establece esa misma disposición para las explotaciones de más de 33 UGM, que son casi todas las porcinas de tipo intensivo.
Eso permitirá en casos como el de Daimiel introducirlo en su POM (Plan de Ordenación Municipal) mediante Modificación Puntual para que pudiera ser ampliada la distancia mínima a población hasta 6 kilómetros y que la distancia mínima a otras explotaciones, instalaciones, industrias, establecimientos o viviendas aisladas en suelo rústico de reserva que cuente con la correspondiente autorización administrativa, no pueda ser inferior a un kilómetro.
Una vez se modificase la disposición regional como pide el Ayuntamiento de Daimiel, se abordaría la modificación puntual del POM con la garantía jurídica evitando incurrir en competencia normativa, donde siempre prevalece la autonómica sobre la local.
Durante la defensa de la moción, el concejal de Medio Ambiente, Javier Fisac, puntualizó que la iniciativa debe ser respetuosa con el derecho a la libre empresa, pero, ante todo, debe prevalecer, comentó, la defensa del acuífero y el Parque Nacional Tablas de Daimiel frente a modelos de negocio que pudiesen generar “daños irreversibles” hacia el medio ambiente.
En el caso de las instalaciones de porcino mediante sistema de producción intensivo, el Ayuntamiento considera que la modificación del planeamiento que está en trámite y que debe ser aprobada definitivamente por la Junta de Comunidades “no puede entrar en conflicto con normativas de carácter superior”. Es decir, el Plan de Ordenación Municipal o una Ordenanza de uso del suelo exigiría para tener el respaldo legal correspondiente que el artículo 8 del citado Decreto recogiese que “en áreas de especial sensibilidad odorífera delimitadas en el planeamiento municipal, las distancias mínimas de las explotaciones de porcino mediante un sistema de producción intensivo, pudieran ser ampliadas por las Administraciones Locales en sus instrumentos de planeamiento”.
Por su parte, el edil de IU, Galo Sánchez-Bermejo, se ofreció para entablar conversaciones con la Administración regional, mientras apeló a la responsabilidad para intentar evitar que se instalen este tipo de explotaciones sobre la ratio de municipios en los que están asentados los acuíferos 23 y 24. En ese sentido, desde las filas socialistas, su portavoz, Ramón Galiana matizó que la carga inicial recaía sobre el equipo de Gobierno que, comentó, “es el que debe mover ficha” y que correspondía a los técnicos de la Junta y del Ayuntamiento estudiar las posibilidades para modificar el POM y evitar que se instalase esta macrogranja.
Fisac aclaró que el Ayuntamiento solicitó una reunión el 24 de agosto con la Consejería, sin haber recibido respuesta alguna y, desde el 23 de junio, “se ha venido trabajando sobre el impacto odorífero desde el equipo de Gobierno, los servicios técnicos y urbanísticos para intentar avanzar en las modificaciones puntuales del POM y la propia Ordenanza”.
Aprovechó para agradecer igualmente su trabajo, al igual que las aportaciones del Consejo Local de Medio Ambiente y de la plataforma StopMacrogranjas que ha visibilizado el problema. Sin embargo, echó en falta información sobre la visita del delegado provincial de Desarrollo Sostenible de la Junta, Faustino Marín, a Daimiel (a la sede del PSOE) y las posibles alternativas planteadas en aras de solucionar este expediente.
El alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, enfatizó que el objetivo es evolucionar en términos de legalidad basándonos en DOCM donde recoge “el relevante impacto odorífero que pueda presentar” este tipo de industrias. “Intentamos avanzar en una respuesta que realmente permita que no se instale esta explotación ganadera”, remachó.
Moción del PP sobre el RD Ley 27/2020
Los populares presentaron además otra moción con el objetivo de “que los ahorros del Ayuntamiento de Daimiel se destinen a las múltiples necesidades que tienen nuestros vecinos, y, bajo ningún concepto, sean entregados al Gobierno de España”, afirmó el portavoz Jesús David Sánchez de Pablo, quien afeó durante exposición la dejación de las administraciones regional y estatal durante las primeras semanas de las crisis frente a otras como los ayuntamientos y la Diputación Provincial que han desarrollado iniciativas para ayudar a nuestros vecinos.
El edil preguntó a los portavoces sobre la forma de pagar casi 2.000.000 euros al Ministerio de Hacienda. Por eso, defendió que “este Ayuntamiento no puede, supondría nuestra bancarrota absoluta” aplicar el RD-Ley 27/2020 aprobado en agosto donde se toma como referencia un dato contable que no refleja la situación de la liquidez “real” de los consistorios.
“Cuando más necesidades tienen nuestros vecinos, cuando se necesita sí o sí, emplear todos los recursos disponibles en los Ayuntamientos, sin comprometer la estabilidad presupuestaria, e intentando no gastar más de lo que se ingresa, cuando lo que tocaba era implementar el consenso que se había llegado entre todos, en la propia FEMP, y dar ese paso en los próximos años, para que, con control se ampliara la utilización de los remanentes a cualquier gasto, nos encontramos con un ataque frontal a los ayuntamientos”, alegó. “Quieren que le entreguemos un dinero que no tenemos y si no lo hacemos no nos darán acceso a los fondos extraordinarios creados por el Covid”, aclaró mientras declaró que este RD es “inaceptable” y, por eso, solicitamos que se eliminen el art. 3 referente a la cesión del remanente al Estado y parte del 4, donde supedita la participación en el fondo extraordinario a que previamente se haya comprometido el remanente de tesorería.
Sánchez de Pablo expresó su conformidad a los artículos 1, 2 y 6 del Real Decreto. Sin embargo, con el artículo 3, el Consistorio daimieleño debería ceder casi 1.851.000 euros del remanente de tesorería para gastos generales al Gobierno de España con una devolución que se prolongaría durante los próximos 17 años. En cuanto al artículo 4, consideró un “chantaje” argumentando que “se nos dice que se crea un fondo extraordinario a disposición de los ayuntamientos, pero solo de aquellos que entreguen su remanente. Y luego, indicó, se otorgará como máximo un 35 por ciento y limita su gasto”.
Desde los grupos de la oposición se tildó la propuesta de “moción política”. IU pidió a PP y PSOE acuerdos al respecto. Mientras que PSOE enfatizó el carácter voluntario de una medida que busca ser la fórmula “más rápida” de financiación para los ayuntamientos.
Cerrando las intervenciones de este punto, el alcalde expresó que en 2022 la situación puede ser “muy complicada” por lo que ese dinero, consideró, no debe enviarse al Tesoro Público y abogó por la “segunda descentralización” para que los ayuntamientos obtengan la financiación correspondiente cuando tienen que afrontar servicios que son competencia de las comunidades autónomas. Este punto se resolvió con el voto favorable de los ediles del PP, mientras que PSOE lo hizo en contra e IU se abstuvo.
Economía
En el apartado económico y de hacienda local, se declararon “no disponibles” 104.000 euros para “no comprometer el resultado presupuestario del ejercicio”. De ellos, 64.000 euros, explicaron, son gastos correspondientes a la Feria. Sánchez de Pablo precisó que “en los ingresos presupuestados se habían tenido en cuenta los ingresos de la Feria pasada y, una vez que no se han celebrado, no se han generado esos ingresos, por lo que hay que declarar indisponible esa misma cuantía en los gastos para no incurrir en déficit”.
También se aprobó una modificación de crédito valorada en 184.000 euros de partidas de gasto que ya no se van a ejecutar y que se transfieren a otras partidas de nueva creación o suplementando crédito a otras ya existentes. El destino principal guarda relación directa con la crisis sanitaria, informó el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno. Así, 100.000 euros se destinan a dotar de mayor crédito al Plan de Empleo Municipal (con financiación cien por cien propia), y también se dota de crédito las partidas de personal de otras delegaciones (como jardines o cementerio) que han requerido de contratación de más personal como laboral temporal. También hace posible otorgar el cien por cie de las becas de material escolar que cumplen los requisitos de las bases.
La sesión permitió conocer la ejecución en el primer semestre del Presupuesto General 2020, una información cuyos movimientos se trasladará a partir de ahora al Pleno con fecha límite de 25 de julio en cada ejercicio para dar cuenta de ella en la siguiente sesión a celebrarse. Se dio el visto bueno al nombramiento de Antonio Astilleros Bastante como Hijo Predilecto de la ciudad y pasó a trámite el nombramiento de miembros del Consejo Local de Medio Ambiente.
