Ante la previsible avalancha de demandas judiciales, OCU ha pedido al Gobierno que tome medidas urgentes para evitar el colapso de los juzgados. «La evidente falta de medios y la pasividad del Gobierno están causando un grave perjuicio a los consumidores que reclaman justicia ante una nueva actuación abusiva de los bancos», ha señalado la organización.
En este sentido, cree conveniente la creación de un mecanismo extrajudicial equilibrado que permita la resolución rápida de las reclamaciones y que se penalicen los recursos judiciales de la banca, que pierde el 96% de las demandas. «Solo sirven para atascar los juzgados y desincentivar la justa reclamación por parte del usuario», ha criticado OCU.
El Tribunal europeo ha dictaminado que el IRPH debe estar sometido a control judicial para que los tribunales españoles evalúen si se trata de cláusulas abusivas incluidas en contratos hipotecarios.
Según cálculos de OCU, el importe de lo cobrado de más por la aplicación del IRPH podría ascender a más de 37.000 millones de euros. La organización entiende que estas hipotecas son unos 1.200 euros anuales más caras que las que usan como referencia el Euribor.
