Postales del universo - Ramon Sobrino y Juan A. González
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que este jueves se va a concentrar junto a su homólogo de CCOO, Unai Sordo, en la Plaza de Zocodover de Toledo para pedir al Gobierno que cumpla con la agenda de reformas sociales, ha avisado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que ha de saber que “este 2021 va a ser un vía crucis mensual”.
“Cada vez que tengamos oportunidad de trasladar a la opinión pública nuestra opinión le vamos a recordar al Gobierno que tiene una deuda con los trabajadores y trabajadoras de esta país”, ha avanzado este miércoles Álvarez desde Toledo, donde asiste al VIII Congreso del sindicato a nivel regional.
En declaraciones a los medios, el líder de UGT ha recordado que con las movilizaciones que se sucederán el día 11 pretenden forzar al Gobierno central a que vuelva a las mesas de negociación para retomar los temas pendientes antes de la llegada de la pandemia.
El primero de ellos, ha recordado, es la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Tras condenar que el Ejecutivo no ha llevado a cabo ninguna de las reuniones que había prometido para abordar esta cuestión, ha defendido que tiene una deuda que saldar con los trabajadores y trabajadoras que menos cobran, como los del sector primario, la seguridad o el personal de las residencias de mayores, “Hay todo un colectivo de trabajadores importantes a los que no se les puede congelar el salario”, ha incidido.
Otras de las cuestiones que los agentes sociales reclaman al Gobierno es la derogación de la reforma laboral que continúa vigente, y que se ha mostrado “innecesaria” en pandemia. “Si no la tuviéramos hoy tendríamos un millón de parados menos. No se hubiera podido despedir con la facilidad con la que se ha despedido”, ha lamentado.
Otras de las cuestiones que están en la agenda de reuniones con el Gobierno, ha detallado Álvarez, es el reparto de los fondos europeos, que han de contribuir a un nuevo sistema productivo. A su entender, dicho fondos, han de propiciar equilibrar el desarrollo del país y corregir la desigualdad que en materia de industrialización presentan los diferentes territorios.
De igual modo, ha reclamado que los proyectos a desarrollar cuenten con el consenso de las organizaciones sindicales y empresariales y que las empresas que los vayan a desarrollar no generen más desempleo.
“Hay que vigilar que las empresas que se acojan a dichos planes tengan limitados sus beneficios, no sea que no inviertan lo que tenían previsto y lo que crezca sea su cuenta de resultado y no el desarrollo del país”, ha terminado afirmando.
