Es la segunda vez que el Ejecutivo comunitario obliga a España a recuperar estas ayudas. La primera decisión, tomada en 2013, fue tumbada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) cuatro años después tras estimar los recursos presentados por las autoridades españolas y las compañías beneficiadas.
En esta ocasión, Bruselas no detalla cuánto dinero tendrá que ser devuelto a las arcas públicas, algo que deberán calcular las autoridades españolas en función del número total de empresas afectadas y de las ayudas que recibió cada una de ellas en virtud de este plan. La cifra estimada en el primer procedimiento ascendía a 260 millones de euros.
Así, la “nueva y detallada” investigación ha concluido que “la ayuda recibida por los operadores terrestres para la digitalización y la ampliación de la red de televisión terrestre en zonas remotas de España es contraria a las normas sobre ayudas estatales de la UE”, ha explicado en un comunicado.
A juicio de la Comisión Europea, los operadores de plataformas terrestres “recibieron una ventaja selectiva incompatible” frente a competidores que usan otras tecnologías, lo que infringe el principio de neutralidad tecnológica.
