CCOO denuncia que miles de funcionarios de prisiones no han tenido protección frente al COVID-19 durante el fin de semana

Lanza Madrid
Una prisión española

Una prisión española

Han trabajado sin las medidas organizativas necesarias que ordena el estado de alarma y sin los equipos de protección que garanticen prestar un servicio público esencial en condiciones de seguridad y salud.

Desde que el Gobierno decretase el estado de alarma y pidiera a la ciudadanía que se confinara en sus casas, cientos de familiares y amigos de internos e internas continuaban desplazándose a los centros penitenciarios para visitarles. Las direcciones de los centros han sido incapaces de tomar las medidas organizativas necesarias para garantizar la distancia social recomendada por las autoridades sanitarias, permitiendo una afluencia numerosa de personas en las salas de espera de reducidas dimensiones y 3 o 4 personas a la vez en el interior de las cabinas de locutorios.

El personal penitenciario no solo ha tenido que trabajar sin instrucciones específicas, que llegaron el domingo por la tarde, sino también sin los Equipos de Protección Individual (mascarillas, guantes, batas etc.), que se encuentran bajo llave hasta que no haya “claros indicios de síntomas compatibles con la enfermedad”.

Especialmente grave y negligente ha sido la actuación del director de la prisión de Herrera de La Mancha, que ha obligado a su personal a quitarse las mascarillas para realizar los servicios de comunicaciones exteriores.

Desde CCOO, manifestamos que, si se espera a tener daños constatables, la administración penitenciaria no está haciendo prevención real y eficaz y está incumpliendo así la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las recomendaciones sanitarias, lo cual es una absoluta irresponsabilidad.

Por todos estos motivos, el sindicato ha denunciado a la Inspección de Trabajo el grave incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales por parte de las direcciones de los centros penitenciarios, y ha solicitado la paralización urgente de los servicios de las comunicaciones exteriores en los centros de Madrid.

Somos la última administración pública en tomar medidas organizativas del trabajo para reducir al mínimo el número de trabajadoras y trabajadores penitenciarios expuestos al COVID-19 y proteger a la población reclusa. El resto de administraciones ha cerrado al público y dispuesto servicios mínimos.

Por fin y a última hora de la tarde del domingo, el ministro del Interior comunicaba la suspensión de todas las comunicaciones, a excepción de las telefónicas, que se aumentan, y la suspensión de los permisos ordinarios de salida para adaptar las Instituciones Penitenciarias al Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma.

Lo más importante ahora es aislar las prisiones de la entrada del COVID-19, ya que son espacios cerrados, que conllevan, necesariamente, el confinamiento masivo de personas por la situación de privación de libertad, lo que las convierte en lugares idóneos para que se propaguen sin control brotes epidémicos. Además, la población reclusa es especialmente vulnerable, porque padece patologías previas e inmunodepresión.

Algunos internos no se han tomado bien todas estas medidas y empiezan a surgir los primeros incidentes regimentales en centros como Castellón I, Alicante (Foncalent), Murcia I y Lanzarote (Tahiche).

El personal penitenciario tiene que hacer mucha pedagogía con la población interna para que entiendan la importancia de todas estas medidas restrictivas, su temporalidad y que también los internos contribuyen a la lucha para hacer frente a esta grave crisis sanitaria que ha provocado el COVID-19.

También ha habido excepciones de responsabilidad y solidaridad colectiva en algunas prisiones, como la de Almería, Tenerife II o Ceuta, que han tomado la iniciativa de adoptar más medidas y proteger a su personal, entregándoles EPIs. Igualmente, algunos internos han tomado conciencia y han decido aplazar, temporalmente, el disfrute de sus permisos de salida al exterior, quedándose en prisión.