Ecologistas en Acción ha denunciado que las empresas privadas operadores del agua de consumo tienen más peso que las administraciones públicas en el Comité Técnico del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac) y exige que estas sean excluidas de este órgano al tiempo que los representantes de los usuarios tengan un mayor peso.
Para la ONG la información del agua está en manos de las multinacionales y la calidad del agua para uso de boca debe ser “transparente” y no estar “condicionada a los intereses de las multinacionales que hacen negocio” con un derecho humano y un bien común como el agua.
En este sentido, Ecologistas en Acción pide que se reforme de manera inmediata de este órgano de información vital que facilita que “cualquier bulo” pueda ser malinterpretado por la ciudadanía y rechaza la presencia de entidades privadas en órganos de la administración pública, especialmente en asuntos como el abastecimiento y saneamiento.
La administración debe controlar la calidad del agua
Además, reclama que el control sobre la calidad de las aguas de consumo sea marcado por la administración y no por quien tiene la concesión con el máximo objetivo de hacer negocio y reducir costes y que se abra el SINAC a las comunidades autónomas, los municipios y la ciudadanía.
Asimismo, pide realizar un plan urgente de acción para paliar los fallos que señala el Tribunal de Cuentas y crear un sistema de información centrado en facilitar la información a la ciudadanía.
La ONG denuncia que en la actualidad en España la información del agua está agrupada en el SINAC, que depende del Ministrio de Sanidad. Se trata de un sistema de información sanitaria sobre la calidad del agua y el saneamiento y se sostiene en una aplicación informática. Su comité técnico es responsable de explotar y modificar estos datos, según contempla el Real Decreto 140/2003.
Pero para la ONG aunque el Real Decreto establece que el comité técnico debe estar compuesto por representantes de usuarias y usuarios, desde que se creó en 2003 está formado por los represenantes de Aqualia, Suez y Canal Isabel II, y por los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla y León, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los ayuntamientos de Madrid y Zaragoza y las subdirecciones generales de Tecnologías de la Información y de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.
Por ello, denuncia que “las multinacionales del agua tienen más peso que los operadores públicos que no tienen representación (se excluye a la asociación de operadores públicos como Aeopas, Congiac, o Amap), las comunidades autónomas (ya que no están representadas todas) ni las ciudades (que son los titulares del servicio) y, por supuesto, de la ciudadanía, que ni siquiera tiene representación.
De hecho, añade que el último informe de fiscalización del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo del Tribunal de Cuentas refleja que es un sistema de información “inadecuado” y que muchos laboratorios que analizan las muestras de agua “no están certificados”; que 1.048 municipios no han remitido informes de aguas y 13 comunidades autónomas no han notificado las inspecciones sanitarias realizadas.
El informe del Tribunal indica que una de cada diez muestras de agua no tienen notificado su origen ni su volumen y que existen “numerosas deficiencias de la información aportada”, pero los miembros del comité técnico ni siquiera se han reunido.
