La Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades (G-9) ha considerado que los Presupuesto Generales del Estado “deberían asegurar una financiación suficiente y estable” en I+D+i “que nos acercara progresivamente a la media de la Unión Europea”.
Esta comisión, presidida por el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, se ha reunido los pasados 17 y 18 de enero en el campus universitario de Mieres de la Universidad de Oviedo.
Constituida por nueve grupos de trabajo, e integrada por más de cien personas de las nuevo universidades públicas, la Comisión Sectorial de Investigación ha desarrollado su trabajo en sesiones paralelas de los nueve grupos de trabajo, acordando una serie de conclusiones para el “buen desarrollo de la actividad de I+D+i en las universidades españolas”.
Inversión y no gasto
Así, por un lado, el Grupo 9 ha incidido en que la investigación “debería de ser considerada inversión y no gasto, y, por consiguiente, no debería de estar sometida a la Ley General de Subvenciones”.
Por otro lado, la Comisión ha expresado, a través de un comunicado, su preocupación por “las consecuencias del desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público” cuya implantación “ha incrementado sensiblemente las dificultades en la ejecución del gasto y por tanto ralentizado la actividad investigadora”.
En este sentido, han reclamado que, desde instancias gubernamentales, se impulsen “cambios legislativos profundos que tengan en cuenta la actividad singular de las universidades” que, a su vez, “sean responsablemente apoyados por todas las fuerzas políticas”.
Además, ha valorado como “muy positiva” la introducción del Sexenio de Transferencia, “tanto en su concepción como en la diligencia con la que se ha puesto en marcha”. Y ha confiado en que “esta experiencia piloto permita optimizar el procedimiento y alcanzar una mayor concreción en los criterios para futuras convocatorias”.
Otra de las conclusiones de este organismo ha criticado el “incremento de la burocracia” que suponen “las justificaciones de las subvenciones de proyectos de I+D+i, especialmente del plan estatal”.
Igualmente, el Grupo 9 ha llamado a impulsar “los programas de RRHH para la investigación, especialmente el Programa Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, e implementar otros programas orientados a la captación y a la retención de talento”. Sin embargo, ha lamentado que “las figuras contractuales actuales están mostrando deficiencias que se pueden traducir en problemas con la legislación laboral vigente”.
Personal docente e investigador
Así, ha mostrado su preocupación por “la falta de avances en la elaboración de un estatuto del Personal Docente e Investigador” así como por “la reducción del límite de horas de colaboración docente a impartir por las y los contratados predoctorales” en el Estatuto del Personal Investigador en Formación(EPIF).
Los representantes de las nueve universidades públicas resaltan como una “tarea pendiente” la “puesta a disposición de los investigadores e investigadoras de nuestro país de los recursos bibliográficos para llevar a cabo sus investigaciones”. En este sentido, indican “sigue sin resolverse satisfactoriamente” el acceso a la ‘Web of Science’ (WOS), “una herramienta básica para acceder y cuantificar la producción científica”.
Finalmente, la Comisión Sectorial de Investigación del G9 ha alineado sus objetivos con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A este respecto, ha reivindicado el protagonismo de sus universidades como “agentes dinamizadores, promotores y facilitadores de tecnologías sostenibles a través de la I+D+i que desarrollan”. Al mismo tiempo, han reclamado programas específicos de financiación orientados a la consecución de de estos objetivos.
Castilla-La Mancha está en el G-9
El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.
Las universidades del G-9 cuentan con 170.000 estudiantes, 19.340 miembros del personal Docente e Investigador y 8.160 miembros del personal de Administración y Servicios.
