En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, celebrado este viernes en Barcelona, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha señalado que la decisión del Gobierno de aprobar el incremento salarial en un Real Decreto Ley es “evitar que haya un periodo de incertidumbre hasta aprobar la Ley General de Presupuestos Generales del Estado” y para que se desplieguen los efectos de esta subida en la realidad económica desde el 1 de enero.
En concreto, el incremento del 2,25% lo cobrarán todos los empleados públicos de todas las administraciones de manera lineal. En total, en un escenario de máximos, la subida salarial podría alcanzar el 2,75%, aunque para ello el PIB tendría que crecer el próximo año un 2,5% y la previsión es que lo haga un 2,3%.
Respecto al otro 0,25% procedente de fondos adicionales, Batet ha afirmado que estos fondos no se van a destinar a todos los funcionarios de manera lineal y ha asegurado que estarán sujetos a negociaciones con las organizaciones sindicales por cada administración. Este porcentaje se reparte para la implantación de planes de mejora de la productividad y eficiencia.
Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció que el Consejo de Ministros aprobará este viernes tanto la subida del SMI como la de las retribuciones de los funcionarios.
Este incremento del salario de los empleados públicos es fruto de un acuerdo que los sindicatos alcanzaron con el Gobierno del PP, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, y que el Ejecutivo socialista se comprometió a aplicar.
Los sindicatos de la Función Pública venían reclamando desde hace semanas al Gobierno que procediera a aprobar esta subida por decreto ante el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y la consiguiente prórroga presupuestaria de los de 2018.
Las organizaciones sindicales, que llegaron a celebrar movilizaciones, no querían demoras en la aplicación de la subida salarial para los empleados públicos.
Dejar ésta en manos de los Presupuestos de 2019 o de un decreto posterior al mes de enero habría supuesto su aplicación con efectos retroactivos, una fórmula que ya se ha utilizado en otras ocasiones y que los sindicatos no querían que se repitiera.
