El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se ha «comprometido» a «presentar de inmediato una oferta económica» a los funcionarios de Justicia de cara a la reunión que celebrarán el próximo 28 de febrero para negociar la subida salarial que reclaman desde abril de 2023.
Así lo ha anunciado el Departamento dirigido por Félix Bolaños tras concluir «la primera fase de las negociaciones que se iniciaron el pasado 10 de enero». En el encuentro de este miércoles, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha reconocido la «utilidad» del diálogo mantenido en los grupos de trabajo en los que se han analizado el teletrabajo y el impacto del proyecto de Justicia 2030.
Según ha precisado el ministerio en un comunicado, Olmedo ha calificado de «productiva» esta primera fase de trabajo conjunto y ha propuesto a los representantes sindicales «iniciar una nueva etapa en la que se negociarán, en Mesa Delegada, las actualizaciones retributivas para el personal del territorio Ministerio (Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional)».
En este sentido, el secretario de Estado se ha comprometido a presentar de «inmediato» una oferta económica y las partes se han citado el próximo miércoles, 28 de febrero, de acuerdo a la información facilitada por Justicia.
La postura de los sindicatos
Fuentes cercanas a la negociación han precisado a Europa Press que varios sindicatos han considerado insuficiente los avances dados hasta ahora, toda vez que este miércoles el Ministerio ha presentado una propuesta en la que no ha incluido cifras y que afectaría solo a las comunidades autónomas en las que Justicia tiene competencias; es decir, a 13.000 de los 45.000 funcionarios.
Según dichas fuentes, este punto representa una «fuerte» discrepancia entre los sindicatos y el ministerio, dado que los representantes sindicales persiguen una subida salarial para todo el personal de la Administración de Justicia. De hecho, han indicado que esta ha sido una de las razones por las que se ha suspendido la reunión de este miércoles y se han emplazado de nuevo para el próximo día 28.
En un comunicado publicado este miércoles, CSIF se ha mostrado más optimista dado que «el ministerio ha propuesto encabezar las negociaciones con las comunidades autónomas para lograr que se cumpla el objetivo de subida salarial en todos los ámbitos».
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), sin embargo, ha avisado en un comunicado interno que no dará su visto bueno «a nada que no lleve aparejado un incremento suficiente y por igual en todos los ámbitos».
«El ministerio dice que debería ser en cada ámbito donde se negocie la subida salarial, a través del complemento específico -que es competencia de las comunidades autónomas-, dejando así en manos de estas la posible subida salarial que por esta vía, como siempre, no será ni mucho menos igual en cada territorio, y que corre el riesgo de que algunas -o todas- las CCAA se opongan a esa negociación», ha apuntado la organización.
Casi un año en conflicto
Cabe recordar que el conflicto colectivo con el ministerio arrancó el año pasado, cuando los funcionarios realizaron paros parciales y totales entre los meses de abril y julio para reclamar una subida salarial en línea con la que consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), de unos 400 euros al mes.
Los propios funcionarios paralizaron sus reivindicaciones en junio ante el adelanto electoral y a la espera de la constitución del nuevo Gobierno, pero retomaron las mismas a finales de 2023 tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Fue el pasado 20 de diciembre cuando Justicia se reunió con los cuatro sindicatos de Justicia por primera vez desde las elecciones generales del 23 de julio. Todos ellos manifestaron al Ministerio su malestar por la tardanza en reanudar la negociación salarial. La primera negociación formal tuvo lugar en enero, pero entonces el Ministerio postergó el tema retributivo a fe
