El Gobierno pide el acatamiento de la sentencia y dice que “no procede” hablar de indulto

Lanza Madrid
José Luis Ábalos / Óscar Cañas (E. Press)

José Luis Ábalos / Óscar Cañas (E. Press)

Espera que el independentismo asuma que una cosa es "defender las ideas y otra el límite legal" y que marque una hoja de ruta racional

El Gobierno ha pedido este lunes respeto a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes del ‘procés’, destacando que la sentencia se debe acatar y que “no procede” hablar de indultar a los condenados o de una Ley de Amnistía, en palabras del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.

“No procede en absoluto hablar de indultos. El Gobierno no tiene esa voluntad. La posición del Gobierno es que se cumpla la sentencia”, ha dicho. “Esto lleva un procedimiento que el propio interesado tiene que solicitar el indulto y los tribunales lo valoran, “, ha explicado el ministro, subrayando que “no es una decisión excepcional del Gobierno”.

Además, ha insistido en que “la obligación del gobierno es que se acate y se cumpla la sentencia”, ha recalcado, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. A su juicio, el fallo pone en evidencia que el Estado de Derecho “funciona” y no se deja llevar “por ningún tipo de pasión”. “La Justicia actúa con rigor y templanza. El sistema judicial ha tenido muy clara la idea de justicia y ha huido de cualquier presión de carácter político”, ha insistido el ministro.

Así, ha defendido la transparencia del proceso judicial, poniendo en valor el sistema democrático y ha rehusado a entrar en valoraciones sobre la sentencia. “No nos corresponde comentar la sentencia, nos toca respetarla y aceptarla”, ha insistido.

Este lunes se ha conocido la condena a 13 años de cárcel por sedición y malversación al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y a 12 años para los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva y Dolors Bassa por los mismos delitos.

Joaquim Forn y Josep Rull son condenados a 10 años y medio de cárcel por sedición y por el mismo delito se condena a Carme Forcadell a 11 años y medio de cárcel. Los activistas Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural) son condenados a 9 años de cárcel.

RECHAZA LA AMNISTÍA

Preguntado por la posibilidad de aplicar una Ley de Amnistía, como ocurrió durante la Transición, Ábalos ha rechazado este escenario porque considera que no es aplicable a esta situación. “Aquí se ha demostrado que el sistema democrático funciona y no procede una amnistía”, ha incidido.

“La amnistía de los años 70 no tiene nada que ver con la situación actual, porque veníamos de una dictadura”, ha argumentado, rechazando además la terminología independentista de “presos políticos”.

El INDEPENDENTISMO NECESITA HOJA DE RUTA “RACIONAL”

Sobre la respuesta institucional que pueda poner en marcha la Generalitat, ha subrayado que los propios independentistas “deben saber que una cosa es la exposición y defensa de las ideas y otra el límite del marco legal”.

De hecho, cree que la sentencia debe contribuir a marcar una “hoja de ruta” por parte de los líderes independentistas, “sin engaños” y “con racionalidad”, pues considera que hay “falta de liderazgos” para gestionar la crisis que vive Cataluña.

Así, ha valorado como una opción que se celebren elecciones autonómicas en Cataluña como “la propia respuesta a la sentencia”, pero ha reivindicado la vía del diálogo para hacer frente a la fragmentación de la sociedad. “Esa fragmentación y falta de liderazgo claro dificulta mucho la decisión del conflicto”, ha asegurado.

“En todo este proceso ha habido mucho reposicionamiento dentro del independentismo, desde la beligerancia hasta intentar buscar vías de entendimiento”, ha manifestado. A su juicio, la vía independentista “ha perdido presión”. “En otros sectores más radicales hay cierta frustración por una falta de hoja de ruta clara”, ha reiterado.

GOBIERNO DISPUESTO A SEGUIR EL DIÁLOGO

Con todo, el ministro ha insistido en la disposición del Gobierno a seguir por la vía del diálogo con la Generalitat para solucionar las “necesidades” y “carencias” de la población, pero ha avisado que se mantendrán dentro del marco de la legalidad y si hace falta “una reacción extraordinaria”, el Ejecutivo contempla “todas las posibilidades”.

“Depende de la respuesta que los líderes den sobre el fallo del Supremo, esperemos que no haya ninguna situación de violencia ni haga falta una reacción extraordinaria”, ha advertido.