Aunque las fuentes consultadas de Ferraz y Moncloa se muestran convencidas de que finalmente habrá Gobierno de Sánchez y por tanto acuerdo previo con los partidos catalanes, explican también que la posición expresada por el PSOE en los últimos días trata de dejar claro que no van a ceder ante todas las exigencias.
Señalan además que hay tres personas encargadas de negociar, repartidas con cada partido y que reportan directamente a Sánchez. Aunque no pronuncian nombres, las miradas están puestas en la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños y el secretario de Organización, Santos Cerdán. En este sentido indican que hay negociaciones en marcha con partidos que les pueden dar la investidura.
Los dirigentes del partido se remiten al comunicado conjunto del PSOE y del PSC emitido a última hora de la tarde del jueves en el que advertían a ERC y Junts que por el camino de la ruptura y la discordia «no hay avance posible» al tiempo que insistían en apostar por el «diálogo» como única vía para garantizar la convivencia en Cataluña.
El texto no lo mencionaba expresamente, pero se emitía poco después de que ERC y Junts aprobasen una resolución en el Parlament de Cataluña para condicionar la investidura de Sánchez a que «se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones» para celebrar un referéndum de independencia en esta comunidad autónoma.
Además, para despejar posibles dudas, el líder del PSC Salvador Illa rechazó el viernes un referéndum como precio para la investidura de Sánchez y advirtió de que irán de nuevo a elecciones si es necesario.
FIJAR EL PERÍMETRO
Así, las fuentes consultadas señalan que tanto el comunicado conjunto como las palabras de Illa, pretendían dejar claro a los independentistas el camino que no van a transitar. «Hay cosas por las que no se puede pasar», afirma un alto dirigente socialista. Otro utiliza otra expresión para trasladar la misma idea: «Todos tenemos claro donde está el perímetro».
Por tanto, aunque hay molestia con la resolución de ERC y Junts, –que consideran un gesto fuera de lugar, que no deben realizar en este momento, en plenas negociaciones– tratan de restarle importancia y consideran que no es suficiente para hacer descarrilar las conversaciones.
Es decir, siguen convencidos de que las negociaciones llegarán a buen puerto y habrá Gobierno presidido por Sánchez, pero aún así quieren dejar claro que la posibilidad de una repetición electoral en enero es real. «Tienen que saber que la opción de las elecciones sigue abierta», apunta una persona del entorno de Sánchez.
De este modo, los socialistas pretenden trasladar que no consentirán todas las exigencias que se pongan sobre la mesa, que pasan fundamentalmente por el citado referéndum y por la amnistía a los implicados en el procès, tal como trasladó Puigdemont a principios de septiembre.
Sin embargo, toda la contundencia que se expresa con el referéndum, desaparece al ser cuestionados por la amnistía, un término que ningún dirigente socialista pronuncia por el momento. Nadie quiere hablar sobre este asunto y piden esperar a que se produzca el encargo del Rey a Sánchez para ir a una investidura, un trámite que se solventará, previsiblemente, entre el lunes y el martes.
SÁNCHEZ TRASLADARÁ AL REY QUE TIENE POSIBILIDAD DE MAYORÍA
Respecto a la fecha de la investidura tampoco hay certezas y las fuentes consultadas piensan que no la incógnita no se despejará de inmediato. En concreto consideran que Sánchez puede salir de la ronda de consultas con el rey con el encargo, pero sin fecha para la votación en el Congreso.
Señalan además que el mensaje que el presidente en funciones y candidato socialista trasladará a Felipe VI es que tiene una negociación abierta y la posibilidad de sumar mayoría.
En este sentido, en Ferraz tratan de sacudirse la presión y afirman que no tiene sentido ponerse «límites» ni «deberes» para los próximos 15 días, toda vez que ya hay una fecha límite para que haya nuevo presidente, el 27 de noviembre. En caso contrario se disolverían las cortes y se convocarían nuevas elecciones.
