El Ministerio del Interior ha comunicado este miércoles que el uso de la mascarilla en prevención del Covid-19 dejará de ser obligatorio con carácter general para los presos, aunque no así para los empleados públicos o cualquier persona que acceda a las cárceles. También es obligatoria para los internos cuando acudan a enfermería o el hospital, así como en los medios de transporte durante las conducciones.
Así ha quedado regulado en una comunicación interna, consultada por Europa Press, dirigida por Instituciones Penitenciarias a los centros de la Administración General del Estado -todos excepto Cataluña y País Vasco-, incluyendo tanto a las prisiones como a centros de inserción social (CIS).
Dentro de los organismos dependientes del Ministerio del Interior, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil ultiman sus instrucciones sobre el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores, de acuerdo al real decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según la comunicación de Instituciones Penitenciarias, la mascarilla seguirá siendo obligatoria para toda persona que acceda del exterior a realizar cualquier tipo de actividad, como pueden ser abogados o los participantes en talleres y programas penitenciarios.
También lo es para los empleados públicos penitenciarios y para las personas privadas de libertad cuando acudan a la enfermería del centro penitenciario a consulta médica o al hospital, así como en los medios de transporte durante las conducciones.
Actividades grupales con poca ventilación
Además, se recomienda el uso -sin ser obligatorio- de la mascarilla a las personas privadas de libertad durante la realización de actividades grupales en espacios cerrados con escasa ventilación.
En caso de brote en un módulo residencial, los contactos estrechos deben extremar las medidas higiénicas usando mascarillas siempre en sus contactos con otros internos y personal y evitando el contacto con personas vulnerables, de acuerdo a la instrucción de Instituciones Penitenciarias. Los presos fueron incluidos en los respectivos planes de vacunación para prevenir el contagio de coronavirus.
Como ocurría ya antes, la obligación del uso de mascarilla no será exigible a las personas privadas de libertad que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, conforme a criterio médico.
Sindicatos policiales
Tras la publicación en el BOE del real decreto que levanta la obligatoriedad de la mascarilla en interiores salvo casos concretos como el transporte público, varios sindicatos de la Policía Nacional han reclamado al Ministerio del Interior que unifique el criterio sobre los tapabocas.
JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha solicitado la unificación de criterios en dependencias policiales y en todo el territorio nacional, tanto para los agentes como para los ciudadanos que acceden a las comisarías.
El SUP ha recordado que será riesgos laborales quien regule los nuevos criterios de uso, mientras que el CEP ha pedido a la Dirección General de la Policía que tenga en cuenta la “peculiaridad del trabajo policial” y que se garantice una reserva estratégica para los agentes que quieran seguir utilizando el tapabocas en el servicio.
Fuentes policiales consultadas por Europa Press han señalado que la vigencia del Plan de Actuación frente al Covid-19 se mantendrá tanto en la Policía como en la Guardia Civil hasta que se ultime el nuevo protocolo sanitario por parte de sendos servicios de prevención de riesgos laborales.
En algunas comisarías, no obstante, se han difundido órdenes internas en las que ya se advierte de que no es obligatorio exigir la mascarilla al ciudadano o cualquier persona ajena a la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que acuda a las oficinas y dependencias policiales.
En la Guardia Civil se ultima una instrucción en la que se ha pedido a las asociaciones profesionales que presenten alegaciones, dentro de un plazo que finalizaba este mediodía. AUGC, por ejemplo, ha planteado algunos cambios sobre personal con infección confirmada para reducir las interacciones sociales en estos casos, según señalan fuentes de esta organización.
