La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha animado este miércoles a las comunidades autónomas al sumarse al plan de vivienda del Gobierno central que cuenta tanto con recursos de los Presupuestos Generales del Estado como de los fondos de recuperación y que en Castilla-La Mancha supondrán 130 millones para procurar y rehabilitar vivienda.
En una entrevista en CMMEdia, recogida por Europa Press, Rodríguez ha hecho referencia así al convenio que suscribirá este miércoles con el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, para la construcción de 475 viviendas de alquiler social asequible en la Comunidad Autónoma.
Se trata, ha dicho, de una de las iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno de España para implementar la política pública de vivienda «con muchos recursos públicos» en un «esfuerzo presupuestario muy importante» en colaboración con las comunidades autónomas y el sector privado mediante la colaboración público-privada.
Ha hecho alusión así al plan de vivienda también en marcha, donde las comunidades autónomas están optando por distintas fórmulas para dar respuesta a problemas que son distintos en cada parte del país y tienen particularidades en cada una de las comunidades autónomas.
Concretamente, lo que se firmará con Castilla-La Mancha este miércoles son 475 viviendas que se suman a otras iniciativas que ya se firmaron el año pasado, superando así las 840 viviendas con una inversión del Ministerio que supera los 42 millones de euros.
«Una inversión muy importante dentro de un plan muy ambicioso que, como digo, no solamente lleva los recursos de los Presupuestos Generales del Estado a través de los planes estatales de vivienda, sino que hemos incorporado el esfuerzo que hizo el Gobierno de España tras la pandemia con los fondos de recuperación», ha subrayado.
En esta ocasión, con Castilla-La Mancha se ha optado por la fórmula del alquiler asequible en viviendas energéticamente eficientes que durará al menos durante 50 años. «Esto es un cambio de paradigma con lo que venía ocurriendo y era que hacíamos un esfuerzo inversor muy importante y después las viviendas protegidas terminaban en el mercado privado haciéndose cargo de precios que suponían una inaccesibilidad para muchas personas».
Preguntada por si es posible llevar a cabo un gran pacto por la vivienda en el país, la ministra ha dicho que este es un problema «de gran envergadura» y «un desafío» al que «tenemos que estar todos interpelados», por lo que se ha dirigido, además de a los partidos políticos, a la sociedad española en su conjunto, a los promotores y a otras entidades y administraciones públicas como las entidades locales.
«Lo que estoy percibiendo ciertamente es que hay una voluntad en toda la sociedad de abordar este problema», ha dicho la titular de Vivienda, para abogar por «una gran alianza donde todo aquel que tenga algo que aportar será bienvenido para dar respuesta a este problema».
AGUA Y TRACTORADAS
De otro lado, preguntada por si se está reabriendo una guerra del agua en el país, la ministra ha confesado que no presta «mucha atención» a este tipo de discusiones y ha puesto en valor que el Gobierno está gestionando y dando respuestas mediante normas e inversión pública.
«Creo que poco ayuda a un debate tan dificultoso como este el entrar en guerras desde los territorios», ha señalado, para respetar lo que cada presidente autonómico defienda para su tierra y señalar que lo que está haciendo el Ejecutivo central es velar por el interés general.
También ha sido preguntada por las manifestaciones de los agricultores para defender que el Gobierno al que pertenece «siempre» ha estado al lado del sector primario y señalar que estas movilizaciones no están organizadas por las confederaciones que representan a los agricultores y ganaderos, se hacen sin las autorizaciones administrativas perceptivas y están incumpliendo la ley de tráfico «en muchos».
«Creo que eso es reprobable», ha afirmado, para apuntar que las demandas del estos agricultores y ganaderos las comprenden desde el Ejecutivo central y las está abordando, por ejemplo, mediante la ley de cadena alimentaria o con más de 4.000 millones de euros en ayudas para el sector, 1.350 de ellos directos para agricultores y ganaderos.
A ello ha unido las nuevas ayudas para la sequía con 72 millones para Castilla-La Mancha, que afectan a más de 33.600 explotaciones. «Este es un Gobierno que ha estado y estará siempre del lado del sector agrario por convencimiento y porque es un sector fundamental para nuestro país», ha concluido.
