Con motivo de la celebración de la 34 Jornada de Experiencias Operativas de la SNE que comenzará este jueves en Madrid, Dominguis ha aconsejado al Ejecutivo que se alinee con 11 países europeos que han formado una alianza para impulsar la energía nuclear para favorecer la autonomía energética, garantizar el suministro y cumplir con los objetivos de descabonización y mitigación del cambio climático.
Además, ha insistido en la “incuestionable urgencia” de afrontar los retos energéticos y climáticos en un contexto de crisis energética “sin precedentes”, con costes “descontrolados” por la situación del gas natural, el petróleo y las materias primas debido a la guerra de Ucrania y ante la necesidad de reducir la dependencia energética y geopolítica.
Así, Dominguis, que termina este jueves su mandato de dos años al frente de la SNE, ha manifestado que 2023 es un año “clave” para España porque debe revisar el PNIEC y porque 2024 será el límite sin vuelta atrás para que Almaraz I (Cáceres) pueda revertir su cierre previsto en 2027.
“Lo prudente y razonable es, al menos retrasar 20 años el cierre de la generación nuclear, conclusión a la que están llegando todos los países de la UE, excepto España”–ha defendido–. “Con todo lo que se está viendo en el mundo, en España nos estamos quedando solos en el contexto europeo”.
El calendario de cierre del parque atómico español prevé una reducción de unos 4 GW de potencia instalada entre 2027 y 2030 con el cierre de Amaraz I, Almaraz II, Ascó I y Cofrentes, que generan el 12 por ciento de la electricidad en España con una tecnología baja en emisiones de CO2, de precios “contenidos” y que opera el 90 por ciento de las horas del año.
Al respecto, ha apuntado que solo Almaraz aporta más electricidad que la que necesitan las ciudades de Sevilla y Valencia juntas al cabo del año, pero advierte de que si pasado 2024 no se ha variado de decisión, no tendrá vuelta atrás, dado que las plantas planifican sus necesidades de combustible de uranio con tres años de antelación y según el calendario esta unidad cerrará en 2027.
En este panorama, la Sociedad Nuclear Española ha lanzado este miércoles el decálogo ‘Diez razones para entender por qué sí necesitamos la energía nuclear‘ que, en primer lugar recuerda que la UE prevé que la demanda eléctrica se duplicará de aquí a 2050, por lo que es “imprescindible” contar con una cesta energética “equilibrada” y basada en fuentes bajas de carbono pero que, al mismo tiempo, garanticen un suministro estable, económico, seguro y sostenible, garante de la independencia energética ante incidentes geopolíticos o climáticos, características que puede proporcionar la nuclear.
Además, considera que depender de los combustibles fósiles es “cada vez más insostenible” y con el ritmo de producción actual las emisiones aumentarán un 14 por ciento en esta década lo que dificultará “seriamente” el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo del Clima de París.
Dominguis ha añadido que el decálogo hace hincapié en que la Comisión Europea ha clasificado como “sostenible” la nuclear para alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050, dado que en la actualidad produce el 50 por ciento de la electricidad baja en emisiones de la UE.
En ese sentido, ha defendido la seguridad y fiabilidad del parque nuclear español que genera más del 20 por ciento de la electricidad consumida en España con un 6 por ciento de la capacidad instalada; aporta más 1.000 millones de euros al año en impuestos y más de 20.000 empleos cualificados y evita la emisión a la atmósfera de 20 millones de toneladas de CO2.
Por ello, Dominguis opina que España no puede prescindir de la energía nuclear de aquí a 2035 y pide que el debate sobre su futuro “únicamente” se base en los conocimientos técnicos y científicos en vez de en criterios de oportunidad política.
De hecho, ha recordado que Estados Unidos, Francia, Bélgica, Japón, Suecia y otros países están ampliando la vida de sus reactores porque “no supone un reto tecnológico ni económico”. De los 32 países que operan centrales nucleares en el mundo, 30 están iniciando, planificando o considerando programas de energía nuclear. En España, Dominguis asegura que sería factible porque cada reactor invierte al año entre 30 y 40 millones de euros en mejoras y mantenimiento.
En definitiva, además de pedir la revisión del calendario de cierre de las nucleares, instan al Ejecutivo a diseñar un marco económico, fiscal y regulatorio estable, predecible y adecuado, así como un reconocimiento del papel “clave” de las centrales nucleares en la producción de energía de base que respalda el crecimiento de las renovables.
El presidente saliente, que cederá el cargo al actual vicepresidente de la SNE, Emilio Mínguez, –catedrático emérito de tecnología nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid– ha incidido asimismo en la importancia de esta tecnología para cumplir los objetivos climáticos junto con la eólica dado que aporta un tercio de la electricidad libre de emisiones en España.
Igualmente, ha defendido también sus costes de generación estables y poco dependientes de impactos externos y a un precio medio de 55 megawatios hora, de los que 25 son tasas e impuestos y, de ellos, unos 8 euros se destinan a la gestión de los residuos.
En cuanto a la próxima aprobación del VII Plan General de Residuos Radiactivos, ha manifestado que, aunque tanto la opción de un almacén temporal centralizado como los almacenes temporales son igual de viables y seguros, para la SNE es “más eficiente” contar con un solo centro de residuos que con siete.
Por último, ha valorado el potencial de la industria nuclear española y el interés que despierta en el extranjero. Tanto es así que ha asegurado que varias empresas extranjeras han realizado “numerosas llamadas” interesándose en instalar reactores modulares (SMR) en España –con un coste de unos 1.500 millones de euros frente a los 10.000 que cuesta una central tradicional–, aunque lamentan la falta de un marco adecuado para tales inversiones.
Ese contexto, advierte está llevando a la industria nuclear española a buscar negocio en el extranjero, algo que ya hacen unas 40 empresas, para algunas de las cuales, el exterior aporta ya hasta el 80 por ciento de su negocio.
