En declaraciones a la prensa antes de participar en una reunión clave entre los ministros de Agricultura de la UE para la PAC que entrará en vigor en 2023, Planas ha enfatizado España conseguirá “un buen resultado” y en todo casó “no dará visto bueno a vaya que vaya en contra” de los intereses de los agricultores y ganaderos españoles.
El porcentaje de pagos directos que tendrá que ir destinado a los nuevos ‘ecoesquemas’– programas voluntarios para productores europeos que quieran ir más allá de la condicionalidad verde obligatoria– es el gran punto de debate entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo, que han acelerado las conversaciones y quieren llegar a un acuerdo antes de que acabe esta semana.
Los socios comunitarios defienden que se destine un 20% de las ayudas directas a estos esquemas, mientras que el Parlamento aboga por un 30%. El titular español de Agricultura, sin embargo, ve “margen de maniobra” para alcanzar un “punto de equilibrio” al respecto pero siempre que se mantenga un “periodo de aprendizaje” y otras “flexibilidades” en su aplicación.
“Esto es una gran novedad y los agricultores y ganaderos van a tardar un tiempo en aprender cómo aplicarlo en sus actividades, en sus producciones. Por tanto, es muy importante que no se pierda un solo euro de los que se destinan a la PAC dentro del marco del primer pilar”, ha enfatizado.
Otro elemento que todavía separa a Estados miembros y Eurocámara es la “dimension social” de la futura PAC. Planas ha asegurado que “todo el mundo” y España en particular apoya el “respeto de la legalidad laboral” y la mejora de las condiciones de trabajo, pero ha apuntado que los eurodiputados introdujeron este debate “muy tarde” en las negociaciones y eso obliga a buscar “una formulación que no suponga una carga administrativa suplementaria” para agricultores y ganaderos.
Por otro lado, Planas ha explicado que ve “perfectamente posible” que países y Parlamento lleguen a un acuerdo sobre fijar una cantidad mínima para el pago redistributivo (se valora un 10% de los pagos directos) y ha insistido en que España “quiere que el régimen de pequeños agricultores sea voluntario”.
Con respecto al modelo de aplicación de la PAC a partir de 2023, el ministro español de Agricultura ha reiterado que el Gobierno se opone a una “doble supervisión” y en relación a la reserva de crisis ha abogado por financiarla con “fondos afectados y márgenes presuestarios y solo “en último extremo” por “disciplina presupuestaria” porque esto supondría un recorte en las ayudas directas.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE se han propuesto lograr un acuerdo esta semana sobre la PAC que se comenzará a aplicar a partir de 2023 y para ello han acelerado las conversaciones entre las dos instituciones. Los equipos negociadores de ambas partes continúan con sus contactos y los ministros de Agricultura, que se reúnen de manera paralela para abordar esta y otras cuestiones, podrían dar un primer visto bueno a un potencial pacto.
