La muerte de dos guardias civiles, Miguel Ángel Gómez y David Pérez, el pasado viernes 9 de febrero frente a las costas españolas en el Estrecho, es claramente dos asesinatos. Los narcotraficantes con sus embarcaciones refugiadas por el temporal en la costa gaditana, a los que los agentes iban a identificar, arremetieron con una de sus potentes narcolanchas sobre la pequeña zodiac del servicio de vigilancia costera español frente a la frontera con Barbate, Cádiz. Se trata de una desgracia muy lamentable que todos los telediarios destacaron.
El hecho se puede considerar no solo como un crimen de los narcos efectuado intencionadamente sobre los guardias civiles en calidad de servicio sobre su patrullera, con la consecuencia de los agentes muertos y otro más herido de gravedad, sino de negligencia de la Dirección de Seguridad Costera o, también, de falta de petición de este material por parte de la Dirección General.
De este modo, porque, tal como se actúa en otras ocasiones, después de una vez requisadas las potentes embarcaciones de estos delincuentes por las Fuerzas de Seguridad, esos medios de transporte marítimo son amontonados por orden judicial en depósitos donde se dejan descomponer y, por tanto, inhabilitar hasta la finalización de sentencia judicial, en lugar de darles uso inmediato para su propio ejercicio de vigilancia y trabajo. El requisamiento y uso de estos medios es legítimo por las fuerzas represoras. Con su uso no se daría posibilidad a desigualdad de condiciones durante el servicio de nuestros agentes.
La Guardia Civil dispone de embarcaciones de vigilancia costera más potentes que están desplazadas en las costas gallega y cantábrica para la persecución del tráfico e introducción de cocaína procedente de Sudamérica. Pero es sabido que ese delito narcotraficante se comete tambien con marihuana entre Marruecos y España. Según informaciones, se ha podido saber que en la zona sur peninsular se encontraban unidades de estas embarcaciones de mayor fuerza y velocidad en estado de avería durante más de tres semanas.
Es preciso que los agentes de vigilancia de nuestras costas en aguas del sur peninsular no se encuentren desprotegidos en ningún momento por no atajar rápidamente deficiencias o inahilitaciones de medios frente a la superioridad competente de las narcolanchas utilizadas en el Estrecho.
La Administración, además, haciendo uso de esas embarcaciones confiscadas, ahorraría presupuesto en los planes económicos sociales para que la población no dependa del fructífero y perseguido legalmente negocio del narcotráfico. Aunque por el atentado mortal de los días pasados se hallan detenidas en el momento ocho personas implicadas en el asesinato, la Dirección de Vigilancia costera, mediante autorización judicial, insistiremos, puede hacer uso de forma inmediata de esos medios requisados por las fuerzas aprenhensoras. De este modo, no correrían el mismo riesgo nuestros agentes de seguridad.
La patrullera del Grupo Especial de Actividades de Protección de Fronteras no debe correr riesgo al acercarse a idenficar a embarcaciones sospechosas y sí disponer permanentemente de medios eficaces para el desarrollo de su trabajo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lamenta en las redes el trágico suceso.
La prevención para que estos luctuosos episodios no vuelvan a repetirse reside sustancialmente en el uso de esos medios confiscados y no dejarlos en inactividad hasta sentencia judicial, tiempo durante el que se degradan. Aprovecharlos de forma inmediata sería una decisión legítima y eficaz para el Servicio de Segurida Costera.
Disponer del material incautado
La Dirección de la Guardia Civil debe solicitar con prontitud a la autoridad judicial disponer de ese material incautado. Esto en concordancia con el Ministerio de Justicia, Ley Penal y Enjuiciamiento Criminal, cuando no pone a disposición de sus agentes encargados de la seguridad costera y represión del tráfico ilegítimo estos medios aprehendidos. Ocasión en la que comete una reseñable equivocación: haciendo uso inmediato de esas narcoembarcaciones ahorraría dinero al presupuesto administrativo al no tener que adquirirlas.
Con esta crítica al paso se hace referencia al modo de actuar de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de las que la Fiscalía General de Andalucía expresa que “el Ministro del Interior no vaya al lugar de los hechos sin poner los medios suficientes para atajar este problema”. Esto lo manifiesta en relación con el hecho en Cataluña cuando un fiscal compañero de profesión está acusando a 41 compañeros de la Policía Nacional por haber cumplido, desde órdenes dimanantes de arriba, con su deber durante el ‘procés’ para proteger la Constitución Española.
Que se reclame seguridad para nuestros agentes
En la gala de los Goya celebrada la noche siguiente al triste 9 de febrero, tanto por parte del cine como desde la palabra en directo de muchos de los intervinientes se reivindicaron asuntos de actualidad que están cambiando la sociedad, como la violencia de género, la transexualidad, el cambio climático o la falta de sensibilidad de facciones políticas de extremaderecha por la cultura que, sin embargo, como dicen, genera dividendos a nuestro país. Está bien que se reclame igualmente la seguridad de nuestros agentes en toda la costa española donde existe el peligro constante del narcotráfico, afectando al trabajo legal en puestos de producción válidos de grupos sociales de esas zonas de costa y al invalidamiento del tráfico ilegal y suculento de drogas.
Nuestro pesar, insistimos, por la muerte de estos dos compañeros agentes de la Guardia Civil, causado por lentitud judicial.
*Antonio Morales Menchén es el afiliado 5.633 de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC)
