La historia del constitucionalismo español, desde 1812 hasta 1978, fue la propia de una sociedad permanentemente en conflicto, donde una parte de España trataba de imponer su modelo a la otra parte.
La Constitución de 1978 fue fruto de lo que entonces se llamó consenso, un consenso entre lo que hasta entonces habían sido las dos España de la que tanto nos habló Antonio Machado. Nuestra Constitución tenía la virtud de ser un lugar de encuentro, lo suficientemente abierta y versátil como para permitir la convivencia, posibilitar la alternancia y el pluralismo político, e integrar la pluralidad de culturas que conforman la Nación española desde hace siglos.
El frontispicio de la Constitución tiene como principal protagonista al pueblo español, en la medida en que España se constituye “en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Y es del pueblo español, y solo de él, de quien emanan todos los poderes del Estado.
Estos conceptos que inspiran y trascienden a todo el articulado. Es decir, son los que vinculan la acción política con los derechos fundamentales de la ciudadanía en un Estado, que por vocación constitucional es un Estado social, algo que tiene que ver directamente con la prestación de derechos educativos, sanitarios y sociales, connaturales y universales para todos sus ciudadanos, es decir, esencial y sustancialmente democráticos. Y es en ese Estado de Derecho donde, a través de las leyes, se garantizan que estos sean posibles.
Tan vigentes como el primer día
Es obvio que estos principios comunes y esenciales siguen tan vigentes como el primer día. No obstante, la gran recesión de 2008 – cuyas secuelas aún perduran – o los importantes cambios tecnológicos y sociales producidos en las últimas décadas han devenido en el cuestionamiento de algunos aspectos constitucionales, consecuencia de una mayor desafección política, de búsqueda de nuevas alternativas o de la puesta en entredicho de la soberanía nacional. Como también se ha cuestionado la propia estructura del Estado, y por tanto su concepto de unidad, cuando se propone acabar con el Estado de las Autonomías.
Pero, sin duda, la estructura territorial del Estado se ha configurado en la España moderna como el principal instrumento para hacer posible el Estado del Bienestar, su construcción y consolidación. A Castilla – La Mancha, y a sus ciudadanos, les ha venido bien la Constitución y la Autonomía, algo que nos ha permitido hacer políticas de progreso, de cercanía, de entendimiento y solidaridad. En definitiva, políticas que permiten hacer de la convivencia una realidad. Y es ese modelo el que reclamamos para España y los españoles.
Hace bien nuestro presidente, Emiliano García-Page, en recordar que el Articulo 14 de la Constitución es el que hace iguales a todos los españoles ante la Ley, sin que prevalezca discriminación alguna entre nosotros por razón de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En esto no debe haber un español diferente a otro, independientemente donde haya nacido o viva.
Próspera y convulsa
Durante siglos España ha construido, conjuntamente, una historia, a veces próspera pero a veces convulsa. Y es la etapa que transcurre entre 1978 y nuestros días la más fructífera de los últimos siglos. Esta Constitución ha dado fortaleza al Estado y a nuestra democracia. Son conceptos que van unidos y que debemos preservar porque son fundamentales para mantener la convivencia, el respeto, el diálogo y el entendimiento, mas allá de planteamientos coyunturales, partidistas o cortoplacistas. España necesita de sus políticos altura de miras para afrontar, con acierto, soluciones para el futuro mas allá de populismos y demagogias.
La Constitución concitó en 1978 el apoyo de la inmensa mayoría de españoles, y la propia Constitución en su Titulo X prevé su reforma. Y es obvio que algunas cosas habrá que reformar y adecuar al afán de los nuevos tiempos. Pero está muy claro que la propia norma nos indica el camino para cambiar algunas de sus partes fundamentales: con el consenso y los apoyos necesarios que permitan que siempre sea una Constitución para todos. Es decir una mayoría cualificada de dos tercios de las fuerzas políticas parlamentarias y el apoyo, en referéndum, del pueblo español.
Y es obvio, para que España se plantee una reforma constitucional, primero que se serene el agitado e inestable panorama político, y segundo, que exista voluntad de consenso para alcanzar las mayorías necesarias, evitando exclusiones. Que nadie tenga la más mínima duda de que este es el único marco posible. Que nadie invente fórmulas impensables porque fuera de la Constitución, simplemente, no existen.
Fernando Mora. Politólogo y Presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha.
