Una Política Agraria Común (PAC) post 2020 que garantice las ayudas a los productores españoles (aunque su entrada en vigor se retrase), el desarrollo de infraestructuras hidráulicas para mantener la rentabilidad de las explotaciones, y la modificación de la Ley de la Cadena para proteger a los agricultores y ganaderos, “el eslabón más débil”, son las principales peticiones que UPA, COAG y Asaja están solicitando a los candidatos.
UPA: más precios
El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, indica que las cuestiones prioritarias que las administraciones deberían atender en la próxima legislatura “son las que ya les venimos planteando”.
Alcanzar unas cotizaciones “para nuestros productos” es una de las principales reivindicaciones que plantean ante la crisis de precios de la mayoría de los sectores agrícolas y ganaderos. Es una de las banderas de esta organización, que ha desarrollado campañas para denunciar el “enorme” incremento de los costes de producción y el “desplome” de ingresos que se percibe en origen.
A su juicio, el Ejecutivo central tendría que modificar la Ley de la Cadena para incluir medidas que protejan a los productores.
En el caso de la PAC, “pediremos que España marque una posición fuerte en las negociaciones”, a la espera de conocer el presupuesto, ya que los descensos apuntados por las autoridades europeas “podrían perjudicar a las explotaciones familiares”.
Otra prioridad para Morcillo es cerrar una planificación hidrológica que “no dañe los intereses de los regantes”.
En este punto, la organización sigue inmersa en la entrega de sus alegaciones a los planes de todas las cuencas, especialmente a los del Segura y el Guadiana, este último con “una estimación de recursos errónea”.
COAG: La PAC es el 32% de la renta
Ángel Gálvez, de COAG Castilla-La Mancha, también reclama, por su parte, algunos requerimientos que “es necesario atender” en la agenda política.
En lo referido a la PAC, apuesta porque los políticos que van a encabezar las instituciones en los próximos mandatos “defiendan una reforma financieramente justa”, teniendo en cuenta que “representa el 32% de la renta agraria de los agricultores en activo”.
Para Gálvez no puede haber una rebaja del presupuesto agrario europeo porque, como consecuencia del mercado único, “vendemos los productos al mismo precio que hace 40 años”, con la consiguiente pérdida del valor añadido y de rentabilidad.
A su juicio, la financiación europea tiene que garantizar la protección del medio ambiente y el crecimiento económico rural, a través de unas ayudas dirigidas a “las mujeres y los jóvenes”.
COAG también apuesta por “buscar el bienestar de los productores” con la transformación de tierras de secano a regadío “mucho más rentables para las explotaciones prioritarias”.
ASAJA: Contra el fraude
Asaja ha sido una de las organizaciones que ya ha celebrado reuniones con los políticos.
En Ciudad Real ha habido un encuentro con el candidato del PP a la Alcaldía capitalina, Francisco Cañizares, en el que los dirigientes de la organización en la provincia le dieron a conocer los problemas del campo ciudarrealeño, además de destacar la potencia del papel de la capital de una provincia eminentemente agrícola.
A nivel regional, según el secretario técnico de la organización en Castilla-La Mancha, Arturo Serrano, sus reivindicaciones son el agua, la lucha contra el fraude (como las malas prácticas en la uva) y “fondos europeos agrarios” para dar estabilidad al sector.
En esta línea, el secretario general de la organización en la región, José María Fresneda, presentó recientemente el documento técnico que han elaborado con sus demandas y que están trasladando a los partidos políticos (ya se han reunido con PSOE y Podemos).
El informe contiene medidas divididas en nueve bloques, como son la Política Agraria Comunitaria (PAC), cadena agroalimentaria, sector vitivinícola, agua, despoblación, medio ambiente, desarrollo rural, interlocución y representación y, por último, gestión de las ayudas.
Sus principales demandas son mantener el presupuesto de la PAC para garantizar los pagos directos y las ayudas acopladas; más medidas “de transparencia, más control y más sanción” en la cadena alimenaria para terminar con el dominio de la industria, más infraestructuras hidráulicas y de superficie de regadío, además de políticas específicas para evitar la despoblación, como el apoyo a las mujeres y jóvenes, y la reducción fiscal a empresas que se instalen en el medio rural.
